El Gobierno quiere dar a las empresas que pidieron créditos con aval estatal durante la pandemia un poco más de tiempo para hacer frente a sus obligaciones financieras. Para ello, el Ministerio de Asuntos Económicos trabaja en una modificación del Código de Buenas Prácticas que puso en marcha en mayo, según confirman fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia. 

Se trata de una guía que la banca debe seguir a la hora de conceder alternativas a las empresas que no puedan devolver estos préstamos por no haber recuperado su nivel de ingresos previo a la pandemia.

El cambio que se avecina obligará a los bancos a ratificar su compromiso de ofrecer estas medidas a las empresas con problemas financieros, incluidas las quitas de deuda.

El Gobierno aprobó el pasado mes de mayo este Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria para las entidades financieras, que contempla como soluciones alternativas a la no devolución de los préstamos bien ampliaciones del vencimiento de los créditos, bien la conversión de los mismos a préstamos participativos o bien, en último caso, quitas de deuda.

A pocas semanas de que comience el año en el que el sector prevé que empezará a repuntar la morosidad de los conocidos como créditos ICO, el Ejecutivo quiere dar un poco de aire a las empresas que los pidieron y permitirles optar a estas alternativas hasta junio de 2022 en el caso de la ampliación del vencimiento y su conversión a préstamos participativos o hasta junio de 2023 en el caso de las quitas.

Y es que el Código de Buenas Prácticas, al que de momento se han adherido más de un centenar de bancos, fija que estas reducciones de deuda (quitas) podrán ejecutarse hasta el 1 de diciembre de 2022 y ahora Economía quiere ampliar este plazo hasta junio de 2023, como adelantó Cinco Días y confirman a este periódico fuentes del sector.

Con todo, las quitas se han diseñado como último recurso, pues antes se plantea que los bancos negocien con las empresas ampliar el vencimiento de los créditos ICO o convertirlos en préstamos participativos. Para ejecutar estas dos opciones el plazo expiraba el 1 de diciembre de este año y el Gobierno quiere ahora ampliarlo hasta junio de 2022, según añaden estas fuentes.

"Adenda" al Código

El equipo dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño trabaja estos días en cómo incorporar este nuevo calendario al anterior Código de Buenas Prácticas con el objetivo de aprobarlo próximamente en Consejo de Ministros y, según explican fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, se hará a través de una modificación o adenda al documento anterior.

Así, aunque se trate del mismo Código de Buenas Prácticas, los bancos tendrán que ratificar la suscripción del mismo con las nuevas condiciones. Está previsto que así lo hagan, al menos, las entidades que se adhirieron al mismo en un primer momento.

Se trata de unas 102 de todas las que concedieron créditos ICO, que son las que han suscrito este Código de Buenas Prácticas, mientras que otras 26 rechazan por el momento hacerlo, como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia.

Y eso que Economía dio dos oportunidades a los bancos en vista de que en el primer periodo de adhesión quedaron sin apuntarse muchas entidades que habían dado al menos algún crédito ICO. En la segunda oportunidad solamente se añadieron dos.

La gran banca

Entre las firmantes que se han comprometido a negociar con las empresas estas alternativas se encuentran los grandes bancos del país y, lo que es más importante, los que concedieron la gran mayoría de los créditos con aval estatal (concretamente, el 98%), que suscribieron el Código desde el primer momento. Fue el caso de CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Kutxabank, entre otras muchas.

Estas alternativas serán clave para muchas empresas que no han recuperado su nivel de ingresos previo a la pandemia y que no pueden hacer frente a las obligaciones de pago que suscribieron al solicitar un crédito ICO. Y más teniendo en cuenta que las carencias (es decir, el "periodo de gracia" durante el cual los bancos no exigen a las empresas la devolución del préstamo y solo cobran los intereses) vencerán a lo largo de 2022.

De hecho, en el sector se da por sentado que, debido a este motivo, la morosidad repuntará en torno a mediados del próximo año. Por el momento, esta ratio se encuentra muy contenida debido, precisamente, a estas medidas de apoyo y los bancos cuentan con el escudo protector de las ingentes provisiones frente a impagos que dotaron durante la pandemia, pero no será hasta el año que viene cuando se compruebe si sirven para impedir que los impagos hagan un roto considerable a los bancos españoles. Ellos, por su parte, consideran que la protección es la adecuada.