El Instituto de Crédito Oficial (ICO), como banco público, no es una excepción. La institución lanzó hace algunas semanas un concurso para seleccionar a una aseguradora que le prestara cobertura frente a estos ciberriesgos, pero la concesión se ha cerrado sin que la entidad pública haya recibido oferta alguna para hacerse con este contrato.

Este tipo de seguros se contrata para protegerse ante potenciales pérdidas ocasionadas por ciberataques, brechas de ciberseguridad o robos de identidad, bien por interrumpción de la actividad, bien por posibles multas o bien por hipotéticas reclamaciones de clientes por vulneración de la privacidad, entre otros.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, en el Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Hasta ahora, la aseguradora AIG Europe venía ofreciendo este servicio al ICO. Lo ha hecho al menos durante los pasados tres años y en los dos últimos, incluso, siendo la única compañía que presentaba una oferta.

Esta circunstancia ha permitido al ICO adjudicar el contrato por importes menores a los presupuestados (50.000 y 45.000 euros en los dos últimos años, cuando el contrato se ofertaba por un máximo de 80.000 euros). Este año, sin embargo, la aseguradora ha decidido no presentarse.

Para la cobertura de este año, el ICO había presupuestado casi 100.000 euros (más concretamente, 99.800 euros), una cifra superior que en años anteriores. La oferta económica era, precisamente, el criterio que más peso tenía para la adjudicación del contrato.

En un inicio, el ICO se había dado tres semanas para encontrar una compañía que quisiera ofrecer este servicio, que fueron ampliadas a cuatro a lo largo del proceso. Finalmente, desde el ICO se ha decidido declarar desierto el concurso y, al no encontrar por el momento una empresa que quiera ofrecer el servicio, la institución relanzará la búsqueda próximamente, según ha podido saber Invertia.

Soporte para la concesión de los ICO

El ICO se ha convertido en una pieza clave para la gestión de la crisis de la pandemia, pues ha sido el encargado de gestionar, junto a la banca, los 140.000 millones en avales del Estado puestos a disposición por el Gobierno para que el crédito fluya hacia las empresas más golpeadas por las restricciones sanitarias que se pusieron en marcha tras la llegada de la Covid-19.

Es por eso que ha tenido que reforzar sus sistemas informáticos para dar salida a todo el trabajo que han supuesto los créditos ICO y recientemente ha contratado a Everis para darle apoyo en la gestión por unos 374.000 euros en el marco de un procedimiento urgente.