Las empresas españolas que ponen en marcha Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que incluyen prejubilaciones están obligadas desde hace unos diez años a "compensar" a las arcas públicas por el aumento de prestaciones que se ve obligado a asumir el Estado y las entidades financieras no son una excepción.
Desde que es obligatorio hasta la actualidad, el Estado ha requerido a los bancos unos 211,48 millones de euros por este concepto y la banca ha abonado 201,16 millones, de forma que aún tiene una factura pendiente con el Tesoro Público de unos 10,3 millones, de acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los que ha tenido acceso Invertia.
Estas aportaciones económicas al Tesoro en "compensación" por el elevado número de trabajadores que envían a recibir prestaciones es obligatoria para todas las empresas que ejecutan ERE siempre que se incluya a trabajadores mayores de 50 años y que la empresa tenga beneficios.
CaixaBank y Santander
De acuerdo con los registros del SEPE, en la actualidad las únicas entidades financieras que mantienen esta deuda y que tendrán que seguir pagándola son CaixaBank (4,24 millones), Santander (5,93 millones) y Cajamar (80.900 euros).
Cabe recordar que las dos primeras han realizado en los últimos años despidos colectivos que han implicado la salida de miles de trabajadores, muchos de los cuales han vuelto a encontrar trabajo gracias a los planes de recolocación, que en ambos casos han tenido un elevado número de casos de éxito, como ya contó Invertia.
En el caso de CaixaBank, cerró hace ahora dos años un acuerdo con los sindicatos para poner en marcha un ERE que afectó a 2.023 trabajadores. Santander, por su parte, hizo lo propio el pasado mes de diciembre con un despido colectivo por el que están abandonando el banco 3.572 trabajadores, que vino precedido por otro para 3.223 trabajadores en 2019 y otro para 1.000 en 2017, tras la absorción de Popular.
Cuanto mayor es el número de empleados que consigue recolocarse, menor es la factura que la entidad tendrá que afrontar para compensar al Estado, por lo que a las entidades les interesa que tengan éxito los planes de recolocación que están obligadas por ley a poner en marcha tras ejecutar un ERE para más de 50 personas.
Deuda creciente
Por su parte, Bantierra (ahora Caja Rural), Banco Caixa Geral (ahora Abanca), Banca Cívica (ahora CaixaBank) y Barclays Bank (ahora también CaixaBank), que también llegaron a acumular esta deuda, la han ido saldando ya con los años.
Esta factura que aún tienen pendiente los bancos con el Estado engordará en los próximos meses, habida cuenta de que se ejecutarán sendos ERE en CaixaBank y BBVA, que actualmente están en periodo de negociación y que implicarán, en principio, la salida de más de 11.000 empleados.
Desde el inicio de la pandemia, han puesto en marcha despidos colectivos también Santander e Ibercaja y a partir del verano se negociará el de la nueva Unicaja, una vez culmine su integración con Liberbank. Sabadell, por su parte, acordó el año pasado un plan de 1.800 prejubilaciones y en los próximos meses, como parte de su política de prejubilaciones recurrente, se sumarán en torno a 500 más.
Cabe esperar que la factura engorde considerablemente cuando se cierren estos procesos. Como precedente, Telefónica ingresó al Tesoro 276 millones de euros por el ERE de 2011, que afectó a 6.830 trabajadores (el 35% de los incluidos en las reclamaciones), y tenía pendiente otros 29 millones al cierre del ejercicio 2019, según los últimos datos del SEPE disponibles.
El importe ingresado por la 'teleco' supone el 67% de lo que han pagado en estos años todas las empresas a las que se han reclamado estas cantidades, que en 2019 eran unas 61 (incluidos los bancos). A estas se les reclamaron 559,22 millones de euros por las prestaciones abonadas a 19.404 trabajadores, cantidad de la que se habían ingresado ya 410,67 millones al cierre de 2019, por lo que sumaban una factura pendiente con el Estado de 148,55 millones.