En abril de 2022, el departamento entonces encabezado por la ministra Reyes Maroto se negó a publicar cualquier información al respecto —contenida en un memorando suscrito entre el Gobierno y la mercantil— al considerar que supondría un perjuicio para los intereses comerciales de la que es la mayor siderúrgica a nivel mundial.

A esta conclusión llegó tras haberse entrevistado con representantes de la empresa y haber escuchado sus alegaciones.

Concretamente, Industria aludió al "innovador" plan de descarbonización que iba a iniciar ArcelorMittal. Dicha información se incluía en el acuerdo firmado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal.

El acuerdo suscrito implicaba que la empresa invertiría hasta 1.000 millones, mientras el Gobierno aportaba a través de fondos europeos del PERTE de descarbonización.

Transparencia

Ahora, la Justicia ha dado la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y obliga a que el Gobierno revele "el contenido del memorando que no incluya información técnica, tecnológica o económica de la empresa".

En una resolución de febrero de 2023, el CTBG dio la razón al ciudadano que había solicitado esta información. Y así lo confirma ahora, en una sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, el juez Luis Carlos de Rozas, que obliga ahora a que Industria desvele qué compromisos adquirió el Gobierno en el documento llamado Memorando de entendimiento suscrito con ArcelorMittal.

Tal y como recalca la Audiencia Nacional, la petición de información realizada por un particular no afectaba a todo el memorando, "sino que se circunscribe a la información en la que se recogen los compromisos y contrapartidas asumidas por el Gobierno". Y esa información sí debe ser desvelada por Industria.

La sentencia citada expone que "no resulta suficiente argumentar sobre la posibilidad incierta de que se pueda causar un daño a los intereses económicos y comerciales". "El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto y el daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información", subraya.

"Además, constatada la existencia del daño y su impacto, siempre según el criterio interpretativo, deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar", detalla.