Apple ha ofrecido a la Comisión Europea un paquete de concesiones con el fin de librarse de una multa multimillonaria por abusos monopolísticos con su sistema de pagos móviles, Apple Pay. Bruselas había acusado a la compañía de Tim Cook de vulnerar las reglas de competencia de la UE por impedir a sus rivales el acceso a la tecnología de pago sin contacto (Near-Field Communication o NFC) que usan los iPhones o el Apple Watch.

El gigante estadounidense justificaba estas restricciones por motivos de seguridad. Pero Bruselas replicó que no ha hallado ninguna prueba de que este bloqueo sea imprescindible para preservar la protección del iPhone. Por eso envió un pliego de cargos a Cupertino en mayo de 2022, que podría haber desembocado en una sanción de hasta el 10% del volumen de negocios de Apple.

Para resolver los problemas de competencia detectados por la Comisión, Apple ha ofrecido como principal compromiso permitir a los proveedores rivales de servicios de pago y de cartera móvil acceder a la funcionalidad NFC en los dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS. Podrán hacerlo de forma gratuita y sin tener que utilizar Apple Pay o Apple Wallet.

[Bruselas acusa a Apple de abusos monopolísticos en su sistema de pagos móvil]

Además, el gigante estadounidense permitirá a los usuarios elegir su aplicación de pago preferida y autorizará a los rivales el acceso a los sistemas de autentificación como FaceID. Finalmente, Apple se compromete a aplicar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios a la hora de decidir qué rivales pueden acceder a la tecnología NFC y pondrá en marcha un mecanismo de solución de litigios con expertos independientes.

Las medidas correctivas ofrecidas por la empresa de Tim Cook estarán en vigor durante un periodo de 10 años. Su puesta en práctica será vigilada por un supervisor independiente, que informará de forma regular al Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea invita ahora a todos los afectados a que presenten sus observaciones sobre los compromisos de Apple en un plazo máximo de un mes. Si la respuesta es positiva, Bruselas los convertirá en jurídicamente vinculantes, lo que significa que cualquier incumplimiento por parte de la empresa de Cupertino se traducirá en una multa automática de hasta el 10% de su volumen de negocio.