La convocatoria electoral anunciada el lunes por Pedro Sánchez impidió ayer martes al socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, defender en el Congreso su Proposición de Ley para obligar a devolver las subvenciones recibidas a las compañías que decidan trasladar su sede fuera de España, la conocida como 'ley Ferrovial'.

El adelanto de las elecciones y la consecuente disolución de las Cortes y suspensión de la actividad parlamentaria ha provocado la paralización de las iniciativas legislativas en marcha, entre ellas la 'Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas'.

El partido liderado por Ione Belarra presentó en el Congreso su Proposición de Ley a principios del pasado mes de marzo, pocos días después de que Ferrovial comunicara su decisión de trasladar su sede de Madrid a Ámsterdam. 

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La medida provocó un terremoto empresarial y político; la multinacional presidida por Rafael del Pino recibió fuertes críticas por parte de miembros del Gobierno, que llegaron a tildar la decisión de avariciosa o antipatriótica, y a descalificar a Ferrovial como "empresa pirata".

La propuesta legislativa de Unidas Podemos contempla la modificación de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la que se incluiría un nuevo motivo entre los casos en los que una empresa debe devolver las subvenciones recibidas.

"La deslocalización de una sociedad de capital, industrial o unidad productiva, y/o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los diez años posteriores a la concesión de una subvención (...)", es el nuevo motivo introducido por Unidas Podemos en su Proposición de Ley.

El partido morado sostiene en su propuesta que el cierre y deslocalización de empresas a países con menores costes laborales, fiscales o sociales, "supone una amenaza para el sector industrial español y, en definitiva, para la economía española".

[El lobby de la empresa familiar defiende a Ferrovial]

La polémica creada por la decisión de Ferrovial y los ataques recibidos por la compañía por parte del Gobierno fueron el último desencuentro entre la gran empresa española y el Ejecutivo.

Los impuestos creados contra el sector financiero y el energético o los ataques verbales contra reconocidos empresarios españoles como Juan Roig (Mercadona) o Amancio Ortega (Inditex) lanzados por miembros de Podemos, ya tensaron con anterioridad al anuncio de Ferrovial las relaciones entre el Ejecutivo y la empresa.

Los principales lobbies empresariales españoles, también la patronal CEOE, defendieron la libertad de Ferrovial para tomar una decisión como la de trasladar su sede fuera de España, aunque no fuera compartida.