La Comisión Europea ha autorizado este jueves un plan de ayudas de España por valor de 837 millones de euros cuyo objetivo es apoyar la producción de baterías para vehículos eléctricos. Bruselas considera que este régimen es "necesario, adecuado y proporcionado" para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas.
Con arreglo a este plan, que se financiará parcialmente a través de los fondos Next Generation, se concederá ayuda en forma de subvenciones y préstamos directos. Podrán beneficiarse empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y materias primas conexas.
"El establecimiento de este plan de ayuda español por un valor de 837 millones para apoyar la producción de baterías constituye un paso importante en la transición hacia una economía de cero emisiones netas, al tiempo que se protege la igualdad de condiciones en el mercado único en consonancia con los objetivos de cohesión", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
El ministerio de Industria ha informado de que este plan forma parte de la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, que se lanzará en el mes de junio y estará dotada con 1.415 millones de euros. La primera convocatoria fue un fracaso: apenas se adjudicaron 800 millones de ayudas de los 3.000 millones previstos.
El importe máximo por beneficiario de la ayuda aprobada este jueves por Bruselas será de entre 100 y 300 millones para las inversiones en el ámbito de las baterías, dependiendo de si se realiza o no en una región beneficiaria de la política de cohesión; no superior a 100 millones para las inversiones en componentes esenciales; y no superior a 25 millones para las inversiones en materias primas.
El Ejecutivo comunitario considera que este plan español se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición de ayudas públicas. En particular, la ayuda incentivará la producción de equipos necesarios para la transición hacia una economía con cero emisiones netas; y además se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
"La Comisión concluyó que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la aplicación del Plan Industrial del Pacto Verde", señala el comunicado de Bruselas.