Norges Bank ha cambiado de opinión respecto a la mudanza de Ferrovial. Un día después de afirmar que no apoyaría el traslado de la sede del grupo español a Países Bajos, el fondo soberano noruego, que tiene el 1,5% del capital de la multinacional, ha publicado su intención de voto para la Junta de Accionistas que la compañía celebra este jueves en Madrid, que será finalmente a favor del cambio.

Norges Bank era hasta ahora el único accionista extranjero de Ferrovial que se había posicionado en contra de los planes de la compañía presidida por Rafael del Pino, situándose en ese caso en el mismo frente que el Gobierno español, que ha amenazado con castigar fiscalmente a la compañía y que ha lanzado descalificativos en las últimas semanas contra las intenciones de la empresa.

Según publica Norges Bank en su web, el fondo votará a favor de todas las propuestas presentadas por Ferrovial a sus accionistas, incluyendo la fusión con una sociedad holandesa y el cambio de su sede a Ámsterdam.

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De esta manera, el Gobierno se va quedando solo en sus presiones a Ferrovial para reconsiderar sus planes de irse a Países Bajos para, desde allí, asegura, facilitar la cotización del grupo también en Estados Unidos, mercado sobre el que ha puesto gran parte de sus expectativas de crecimiento durante los próximos años.

Las principales organizaciones empresariales españolas, las asociaciones de los accionistas minoritarios de compañías cotizadas, y también los asesores de voto -tanto internacionales como nacionales- apoyan la decisión de Ferrovial, o al menos el derecho de la compañía a decidir sobre su futuro.

Otros grandes accionistas de Ferrovial, entre ellos su presidente, Rafael del Pino, con el 20,4% del capital, su hermana María del Pino, con el 8,2%, o el fondo TCI, con el 7%, votarán a favor del cambio.

La operación del traslado de sede está condicionada a su aprobación por parte de los accionistas en la Junta de este jueves y a que, un mes después,el importe de las obligaciones resultantes del derecho de separación no supere los 500 millones de euros. Lo que supone que los accionistas que vendan sus títulos no deberían sumar más del 2,6% del capital.