El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en agosto de 2020, en una conferencia celebrada en Madrid a la que asistieron ejecutivos del Ibex.
De Valencia a Ferrovial: así han sido cinco años de desencuentros entre el Gobierno y las empresas
El Ejecutivo intensifica el encontronazo con la empresa española a partir de la dura derrota electoral sufrida por el PSOE en Andalucía en junio de 2022.
12 marzo, 2023 02:17Desde que Mariano Rajoy fuera desbancado de la presidencia del Gobierno en junio de 2018 y ahogara sus penas en un bar cercano al Congreso de los Diputados, la relación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la empresa española se ha ido deteriorando hasta saltar por los aires hace dos semanas con la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España.
La gran empresa española y el Gobierno de Pedro Sánchez solo ofrecieron una estimable imagen de unidad en los peores momentos de la pandemia, entre 2020 y 2021.
No parece ya factible que vuelvan a repetirse imágenes como las de entonces, en las que, mascarilla en boca, compadreaban Pedro Sánchez y Florentino Pérez, Ignacio Sánchez Galán, Ana Botín o José María Álvarez Pallete.
A partir de la histórica derrota electoral sufrida por el PSOE en Andalucía, en las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de junio, el encontronazo entre el Ejecutivo y la empresa privada española se ha intensificado.
En la CEOE, el Círculo de Empresarios, o el Instituto de la Empresa Familiar están convencidos de que el posicionamiento del Gobierno en contra del sector privado no es más que una estrategia política para revertir, en la medida de lo posible, el batacazo sufrido en Andalucía en las elecciones trascendentales que se celebran este año en España.
El Congreso de Valencia
El presidente del Gobierno acudió a finales de octubre de 2018 a clausurar el Congreso anual que el potente lobby de la empresa familiar española, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), organizó ese año en Valencia.
Sánchez ya había estado poco antes, en el mes de julio, en la Comunidad Valenciana, en el FIB de Benicasim, disfrutando con su familia en el festival de música, al que se desplazó en Falcon, semanas después de estrenarse como presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el XXI Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar en Valencia, el 30 de octubre de 2018.
Nada que ver el recibimiento y despedida que los cerca de 500 empresarios dispensaron al entonces líder del PP, Pablo Casado, con el que ofrecieron a Pedro Sánchez.
Mientras que Casado, que tardó cerca de media hora en recorrer los pasillos del Palacio de Congresos de Valencia al no parar de hacerse selfies con los presentes, Sánchez fue recibido y despedido con frialdad.
"El Gobierno estará de vuestro lado para contribuir a hacer de España un país más próspero", dijo Sánchez en su primer discurso como presidente del Gobierno ante los representantes de la empresa familiar española. También destacó el compromiso, aseguró, del Ejecutivo con el Corredor del Mediterráneo, una infraestructura ferroviaria demandada desde hace años por los empresarios del arco mediterráneo y que casi cinco años después de las palabras de Sánchez no está ni mucho menos finalizada.
Al año siguiente, el IEF celebró su Congreso anual en Murcia, inaugurado como de costumbre por el Rey de España. Estaba programado que Sánchez clausurara el encuentro, pero finalmente no apareció.
Aunque desde 2018 ha sido invitado todos los años por la empresa familiar a sus congresos, Pedro Sánchez no se ha vuelto a dejar ver en compañía de Rafael del Pino, Juan Roig, José Manuel Entrecanales, Francisco Riberas o el resto de empresarios representados por el IEF.
La pasada semana, el lobby de la empresa familiar emitió un comunicado en defensa de Ferrovial y reclamó al Gobierno "evitar descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial". El IEF celebra su próximo Congreso anual en Bilbao, previsiblemente en el mes de octubre. Sánchez volverá a ser invitado.
La derrota en Andalucía
El distanciamiento entre el Gobierno y la empresa se ha ido incrementando desde la histórica derrota electoral sufrida por el PSOE en las elecciones andaluzas del pasado mes de junio.
Pocas semanas después de que el PP lograra su primera mayoría absoluta en Andalucía, Pedro Sánchez anunció los 'impuestazos' a la banca y a las energéticas. Lo hizo el 11 de julio en el Congreso de los Diputados, en el primer debate del estado de la nación celebrado en siete años.
Los mayores bancos españoles y los grandes grupos energéticos, que registraron el pasado año los mejores resultados de su historia -gracias en buena parte a la subida de los tipos de interés y al aumento del precio de la energía- han pasado a la ofensiva.
Compañías energéticas y entidades financieras han anunciado que batallarán en los juzgados los impuestos impuestos, valga la redundancia. Y evitan ya encuentros amistosos con el Ejecutivo como los celebrados durante la pandemia.
La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín y la ministra de Igualdad, Irene Montero, charlan tras la conferencia ofrecida por Pedro Sánchez, en Casa América de Madrid, en agosto de 2020.
También el sector de la distribución se ve ahora atacado por el Gobierno. Los socios del PSOE, Unidas Podemos, han sido particularmente belicosos contra compañías como Mercadona y su presidente, Juan Roig, señalado también por los beneficios obtenidos en un contexto de elevada inflación, con los precios de la alimentación en subida.
El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, tuvo que salir en defensa de Juan Roig el pasado mes de febrero en un artículo publicado por el diario Expansión. "Denigrar a los empresarios es un recurso facilón. Mucho más fácil que hacer que las cosas funcionen", escribió el también piloto de cazas y presidente del grupo industrial vasco Sener.
El adiós de Ferrovial
El adiós de Ferrovial ha sido el último episodio del desencuentro entre el Gobierno y la empresa española.
La constructora ha anunciado el traslado de su sede de Madrid a Ámsterdam, invocando como principal motivo su propósito de internacionalizarse aún más y focalizar sus esfuerzos en el mercado estadounidense. Pero aludiendo también a la mayor seguridad jurídica que ofrece Países Bajos.
Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.
La decisión de la constructora ha sido respondida ferozmente por el Gobierno, que analiza las herramientas jurídicas y legislativas a su alcance para evitar el traslado. Entre ellas, el explosivo Real Decreto-ley aprobado el 17 de marzo de 2020, que incluye la posibilidad de que el Consejo de Ministros vete inversiones extranjeras en empresas españolas, y que se ha ido prorrogando a pesar de que fue aprobado para paliar el impacto de la pandemia en la economía.
En petit comité integrantes de la CEOE, el Círculo de Empresarios o el IEF reconocen que la medida anunciada por Ferrovial, en general, "no gusta". Pero consideran que el Gobierno ha sobreactuado en su reacción ante el anuncio de la constructora, y que, de nuevo, busca en el enfrentamiento con la empresa únicamente un supuesto rédito electoral.
