El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha archivado la pieza 15 de esta macrocausa, la destinada a investigar si el excomisario jubilado José Manuel Villarejo realizó trabajos de espionaje para Mutua Madrileña.

Y, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado concluye que no es así, por lo que ha archivado esta pieza. Así consta en un auto, fechado el pasado 6 de marzo. García-Castellón recuerda que el informe elaborado por Villarejo sobre la Mutua —denominado Proyecto Lump— "presenta un carácter preliminar" y así lo subraya el propio título del documento.

Además, su contenido "procede de fuentes abiertas". Por ello, no se aprecian indicios de espionaje ni de "accesos inconsentidos e indebidos a bases de datos de carácter restringido".

Y, aunque el proyecto tenía un presupuesto de varios miles de euros —tres pagos; el primero, de 375.000 euros; un segundo, de 130.000 y otro, por determinar— no consta que Mutua Madrileña diese dinero alguno al excomisario.

"En este sentido, de lo actuado hasta este momento no se desprende ni la aceptación del proyecto ni ningún pago por parte de Mutua Madrileña o sus directivos. Además, tampoco se ha puesto de manifiesto que se haya incurrido en delito de descubrimiento o revelación de secretos, dado que los datos obrantes en el informe preliminar proceden de fuentes abiertas", resume el juez en su auto, adelantado por ABC y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Además, tal y como recuerda el magistrado, un hipotético delito de cohecho estaría claramente prescrito. El Proyecto Lump se habría elaborado en 2009, cuando el comisario aún estaba activo en el Cuerpo Nacional de Policía, y esta pieza, la número 15, no se abrió hasta 2019, diez años después.

Tampoco consta que Benjamín García, quien fue director de Seguridad de Mutua Madrileña, hubiese aceptado propuesta alguna sugerida por Villarejo. "Como se puede observar, partimos de que el encargo no se ejecutó", subraya García-Castellón.

El magistrado sí reseña "otras relaciones comerciales" entre Mutua y el Grupo Cenyt, propiedad del excomisario de Policía. Concretamente, un servicio de retransmisión de contenidos promocionales mediante pantallas gigantes y la confección de un informe patrimonial sobre José María Ramírez Pomatta, antiguo presidente de la aseguradora a quien la empresa fue condenada a abonar 14 millones de euros en 2012.

Pero García-Castellón concluye que "no se aprecian indicios de comisión delictiva en tales servicios". Por el informe sobre Pomatta, elaborado en base a datos del Registro de la Propiedad y otras fuentes de acceso público, Cenyt cobró 18.000 euros.

"De todo lo que antecede se desprende que el posible delito de cohecho se encontraría prescrito, al no haberse ejecutado el encargo, y dado que no consta, en este estadio procesal, que se articulasen otras medidas limitativas de derechos o vulneradoras de la intimidad de los afectados", concluye el juez.

Por ello, García-Castellón opta por archivar la causa, tal y como había solicitado en un informe, fechado el pasado febrero y consultado por EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, antes de esta petición del Ministerio Público, el magistrado ya había sugerido enviar a juicio a Villarejo y al exjefe de Seguridad de Mutua.

Por otro lado, el juez señala en su auto que, al investigar esta pieza, se descubrió otro proyecto, denominado Frog, "del que no constarían datos relativos al encargo, pago ni informes derivados". Dado que incluye datos reservados, que no son de libre acceso, "la presencia de dichos datos personales pone de manifiesto que, indiciariamente, podría haberse cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos". Por ello, García-Castellón opta por deducir testimonio y que este asunto se investigue en el marco de otra de las piezas de la macrocausa.