La Comisión Europea ha decidido este miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar la directiva comunitaria para proteger a las personas que informen sobre infracciones del derecho de la UE. El plazo para incorporar esta normativa a la legislación nacional caducó en diciembre de 2021, pero las autoridades españolas han incumplido sus obligaciones pese a los reiterados abusos de Bruselas.

Junto con España, el Ejecutivo comunitario ha presentado también denuncias contra Alemania, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia.

La directiva exige a los Estados miembros que proporcionen a los denunciantes que trabajan en los sectores público y privado canales eficaces para destapar las infracciones de las normas de la UE de forma confidencial, estableciendo un sólido sistema de protección frente a represalias. Esto se aplica tanto a nivel interno (dentro de una organización) como externo (a una autoridad pública competente).

Bruselas sostiene que la norma desempeña un papel clave en la aplicación del derecho de la Unión en una serie de ámbitos importantes en los que las infracciones pueden causar perjuicios al interés público. Por ejemplo, en materia de protección del medioambiente, contratación pública, servicios financieros, seguridad nuclear, seguridad de los productos y protección de los intereses financieros de la Unión.

En enero de 2022, la Comisión ya envió cartas de emplazamiento a España y otros 23 países por no haber procedido a la plena transposición ni haber notificado a la Comisión las medidas de transposición dentro del plazo prescrito. Además, el Ejecutivo comunitario lanzó un ultimátum en julio del año pasado. 

Como las respuestas de España y de los otros siete países rezagados no fueron satisfactorias, la Comisión ha decidido ahora llevar a esos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.