Bruselas relajará las reglas sobre ayudas públicas con el fin de permitir a los Estados miembros dar más subsidios a la industria verde. En particular, a los fabricantes de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores o tecnologías de almacenamiento de carbono, así como a las materias primas necesarias para la producción de estos equipos. Esta nueva flexibilidad se aplicará tanto al uso del presupuesto nacional como a los fondos europeos y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025.
El plan -presentado personalmente por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen- responde en parte a las demandas planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez había reclamado un "procedimiento acelerado" para dar fondos Next Generation a los proyectos de carácter estratégico (PERTE) y a las empresas de sectores clave. Las autoridades españolas se quejan de que la complejidad y la burocracia en la gestión de las ayudas ralentiza su despliegue.
El Ejecutivo comunitario rechaza dar "carta blanca" o habilitar un carril especial para los fondos europeos, pero sí que les extiende las mismas facilidades que a las ayudas nacionales para que puedan gastarse con más facilidad. Una flexibilidad que podría aplicarse en particular a los 95.300 millones (entre créditos blandos y subsidios) de la adenda del plan de recuperación que España presentará próximamente en Bruselas.
[España pide a Bruselas un "procedimiento acelerado" para dar fondos Next Generation a las empresas]
El objetivo de la Comisión es garantizar la igualdad de condiciones entre los países con mayor potencia de fuego, como Alemania o Francia, y aquellos que no disponen de margen presupuestario, como España o Italia. Se trata de una "solución puente" a la espera de que Von der Leyen concrete su propuesta de un fondo soberano europeo. La presidenta ha eludido desvelar qué dotación tendría este nuevo instrumento o cómo se financiaría y aplaza cualquier anuncio al verano. Alemania y Holanda ya han dicho que están en contra de esta iniciativa.
A la espera de este fondo soberano europeo, la principal novedad del plan de Von der Leyen consiste en autorizar a los Estados miembros a dar desgravaciones fiscales (en lugar de subvenciones) a las empresas de tecnologías limpias. Unas desgravaciones que podrán financiarse también con los fondos Next Generation. La presidenta sostiene que se trata de una solución "rápida, predecible y selectiva" que refleja lo que ya está haciendo Estados Unidos.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager
Por lo demás, el Ejecutivo comunitario permitirá a los Estados miembros conceder más ayudas públicas (ya sean nacionales o europeas) a las empresas para el despliegue de las renovables y la descarbonización de la industria. En primer lugar, se aumentará el tope de subvenciones verdes que pueden concederse sin notificar a Bruselas.
Un cambio que podría facilitar la adjudicación de las ayudas pendientes del PERTE del vehículo eléctrico, según explican a este periódico fuentes comunitarias. La primera ronda fue un fracaso: de los 3.000 millones de subvenciones previstas, hasta ahora sólo se concedieron 800 millones.
La Comisión plantea extender de 30 a 36 meses los plazos para completar los proyectos, así como simplificar considerablemente el cálculo de la ayuda máxima permitida, que se determinará como un porcentaje fijo de los costes totales de inversión. Se permitirán porcentajes más altos en las regiones menos desarrolladas de la UE.
La propuesta de Bruselas incluye otra opción temporal "muy excepcional". Para ayudar a los Estados miembros a evitar que las inversiones se desvíen injustamente al mejor postor fuera de Europa, el plan de Von der Leyen permitiría a los Estados miembros igualar las subvenciones ofrecidas por terceros países.
"En pocas palabras, si un país tercero ofrece a una empresa mil millones de dólares para apoyar, por ejemplo, una nueva planta de baterías, un Estado miembro podría ofrecer lo mismo hasta cubrir el déficit de financiación", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
Este nuevo plan industrial para tecnologías limpias constituye el contraataque de la Unión Europea a las subvenciones masivas por valor de 370.000 millones de dólares incluidas en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. El Ejecutivo comunitario teme una fuga masiva de empresas comunitarias para beneficiarse de las ayudas norteamericanas. Al Ejecutivo comunitario le inquietan también las abundantes inversiones de China en tecnologías limpias, que superan los 280.000 millones de dólares.
La propuesta de Von der Leyen se discutirá en la cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada para los días 9 y 10 de febrero en Bruselas. Los Estados miembros están profundamente divididos sobre esta cuestión. Alemania, Holanda y los frugales rechazan de plano la creación de un nuevo fondo europeo para financiar a la industria verde, una iniciativa que sí apoyarían Francia, España o Italia.
Holanda y los frugales se oponen además a una carrera de subvenciones nacionales y defienden que la mejor receta para mejorar la competitividad de la industria europea es la desregulación y la reducción de la burocracia.