Aunque hasta dentro de “breves días” no se conocerá la letra pequeña del nuevo proyecto anunciado por Yolanda Díaz, consistente en “un nuevo algoritmo desde Inspección de Trabajo para fiscalizar las horas extra”, en particular para perseguir las que no se pagan a los trabajadores, las alarmas ya han saltado en las principales asociaciones empresariales. La nueva medida puede golpear a la línea de flotación de la recuperación económica de España: los sectores del turismo y la hostelería.

La iniciativa fue desvelada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo el viernes en la Cumbre Internacional de la Semana de Cuatro Días, que se ha celebrado en Valencia. Un foro en el que han participado miembros del Gobierno, sindicatos, catedráticos de universidad, ONGs, partidos políticos del Reino Unido, economistas e, incluso, el Parlamento Europeo. Pero al que no fueron invitadas las empresas ni sus patronales.

Salvador Navarro, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), parte de la base de que “siempre se intenta controlar más a la empresa, y eso es contraproducente”, y critica la “falta de empatía hacia la parte empresarial”.

“Todas las propuestas que vengan en cuanto al algoritmo, si es con las tres partes sentadas [en referencia a Gobierno, patronal y sindicatos], se pueden discutir. Pero así no”, dice taxativamente Navarro.

Quienes más deberían temer lo que salga de la última configuración laboral-empresarial de Díaz son las empresas del sector servicios. Así lo cree Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA): “Donde existe el problema de las horas extra no abonadas es en la mediana y en la gran empresa, muy ligadas al turismo, así como en aquellas donde no se controla con los mecanismos de protección sindical”.

Un círculo vicioso

Dos años y un trimestre después del inicio de la pandemia, precisamente el sector servicios es con el que más se juega España su recuperación económica. De hecho, la última Semana Santa ha servido de punto de retorno a los niveles preCovid y ha dado el pistoletazo de salida a una temporada veraniega que se antoja prometedora. Es por eso que la letra pequeña y el timing del algoritmo anunciado por Díaz preocupan -y mucho- a los empresarios.

Como recuerda Abad, “en el mundo de la hostelería sigue habiendo verdaderos explotadores. No entiendo que un negocio hostelero tenga a un empleado trabajando 12 horas y que no le pague las 12 horas. Hay que repartir la riqueza que se produce”, defiende.

Máxime cuando, “en época de crisis pandémica, ha sido el sector más mimado y, con diferencia, el que más ayudas ha recibido”. En esta Semana Santa se ha vuelto al nivel de facturación previa a 2019.

En última instancia, ilustra el presidente de UPTA, lo que está en juego es el “concepto de país”. “Si hay trabajadores con menos poder adquisitivo, a los primeros que no van a consumir luego esos trabajadores será a los pequeños comercios”. Y, recordemos, España sigue siendo un país de pymes.

“Hay sectores donde los trabajadores sabemos perfectamente que no están sujetos al horario inicial indicado. En servicios, sobre todo”, reitera Abad, para quien “todo lo que sea que alguien trabaja más horas de las que le pertenece por contrato, tiene que ser remunerado por ellas y tienen que ser catalogadas como horas extra”.

A su juicio, el algoritmo no sería una catástrofe, como no lo fue el registro horario en las empresas “a pesar de que todo el mundo decía que iba a ser un desastre”.

Un 20% más de sobrecostes

En lo tocante a la jornada laboral de cuatro días, o 32 horas semanales, la ministra de Trabajo abogó en el citado foro por una flexibilidad “a la nórdica”, como bolsas de horas acordadas entre trabajador y empresa o excedencias formativas.

En este sentido, Navarro, de CEOE-CEV, considera que una jornada laboral de cuatro días como está planteada es “muy complicado que suceda por la composición empresarial que hay en nuestro país”. Según estimaciones de la patronal, las 32 horas semanales implementadas de forma rígida “aumentarían en un 20% los sobrecostes a las empresas”. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya dijo que ve en ella un debate “para ganar elecciones”.