Revolución en la fiscalidad internacional para las multinacionales y los gigantes digitales como Facebook, Google o Apple. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocida como el club de los países ricos, ha alcanzado este viernes un acuerdo histórico para obligar a las grandes empresas a pagar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a partir de 2023.

El acuerdo definitivo ha sido posible después de que los tres países de la UE que hasta ahora se negaban a firmarlo (Irlanda, Hungría y Estonia) hayan levantado sus reservas y se hayan sumado al consenso. En total, 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial apoyan ahora este pacto, entre ellos todos los miembros de la OCDE y del G-20, incluidos Estados Unidos, China o India.

Este es el acuerdo que ha esgrimido el Gobierno de Pedro Sánchez para incluir el tipo mínimo del 15% en los Presupuestos de 2022, a petición de Unidas Podemos. España se adelantará así un año a lo que fija el compromiso de la OCDE.

"Acuerdo internacional histórico sobre la reforma tributaria global, con los países de la UE unidos apoyándolo. Equidad después de la pandemia. El multilateralismo ha vuelto", ha escrito en su cuenta de Twitter el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

"El acuerdo de hoy representa un logro único en una generación para la diplomacia económica. Hemos convertido negociaciones incansables en décadas de mayor prosperidad, tanto para Estados Unidos como para el mundo", sostiene la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

Los únicos países que siguen sin sumarse al consenso mundial son Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka. El acuerdo será ratificado ahora en la reunión de ministros de Finanzas del G-20 que se celebra en Washington el 23 de octubre y luego en la cumbre de líderes del G-20 en Roma el 30 y 31 de octubre.

El acuerdo en la OCDE consta de dos pilares. El primer pilar tiene como objetivo garantizar que las multinacionales, en particular los gigantes digitales, paguen impuestos en los países donde obtienen beneficios, aunque no tengan presencia física. Se aplicará a las empresas con ventas globales superiores a los 20.000 millones y rentabilidad superior al 10%, que "pueden considerarse las ganadoras de la globalización". El 25% del beneficio que supere este umbral del 10% de rentabilidad se repartirá entre todos los países. 

La posición de Irlanda

Es decir, se trata de evitar que estas compañías registren la mayoría de sus beneficios en el país que les ofrezca el mejor trato fiscal, como ocurre ahora por ejemplo con Irlanda, que es la sede europea de Facebook, Google o Apple. Gracias a la reforma, los derechos impositivos sobre más de 125.000 millones de dólares de beneficios, que ahora se quedan en estos paraísos fiscales, se redistribuirán cada año entre los países miembros.

El segundo pilar consiste en fijar un tipo mínimo mundial del 15% en el impuesto de sociedades, con el objetivo de acabar con la competencia fiscal a la baja. Se aplicará a las compañías con ingresos superiores a los 750 millones de euros. Este nuevo mínimo generará alrededor de 150.000 millones de dólares de recaudación extra a nivel mundial, según los cálculos de la OCDE. Un dinero que los grandes países necesitan con urgencia para financiar la reconstrucción tras la Covid-19.

El ministro de Finanzas irlandés y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, mantuvo su veto hasta el último minuto. El motivo es que el modelo económico irlandés se basa en buena medida en impuestos bajos (un 12,5% en sociedades) y acuerdos tributarios ventajosos para atraer a las grandes multinacionales, a costa de los vecinos.

Sin embargo, al final Dublín se ha sumado al consenso tras lograr una importante concesión: el texto original hablaba de un tipo mínimo de "al menos el 15%". El "al menos" se ha suprimido y el acuerdo final de la OCDE habla de "un tipo mínimo del 15%".

Aún así, la reforma afectará a 56 compañías irlandesas que dan empleo a 100.000 personas y a 1.500 multinacionales extranjeras basadas en Irlanda en las que trabajan alrededor de 400.000 personas, según admite el Gobierno de Dublín. Una vez levantado el veto de Irlanda, Estonia y Hungría se han sumado también al pacto.