El informe 'forensic' externo que encargó BBVA en enero de 2019 para hacer una investigación interna sobre su relación con Cenyt se ha convertido en un quebradero de cabeza para el presidente del banco, Carlos Torres Vila.

La información aportada por esa investigación encargada a PwC y en la que también han participado Garrigues y Uría Menéndez fue puesta en duda en la Audiencia Nacional por Antonio Béjar. El exresponsable de Riesgos del banco era uno de los directivos a los que el informe señalaba entre los responsables individuales de los encargos del banco al excomisario José Manuel Villarejo.

Las críticas a este informe del expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y la documentación que aportó a la causa han hecho que la Fiscalía Anticorrupción dude de los procedimientos que se han empleado para elaborar ese informe.

La sospecha es que el banco hubiera tratado de inducir el resultado de esa investigación elaborada por PwC para tratar de señalar a un grupo de directivos y exdirectivos concretos como garbanzos negros dentro de una organización en la que los controles funcionaban y la alta dirección no conocía la relación con Cenyt.

Directivos lejanos a FG

Esos directivos no reportaban de forma directa a FG como presidente de la entidad. Solo Ángel Cano llegó a ser número dos del banco pero el foco de la investigación sobre su papel se centra en su etapa como responsable de Medios.

Además de Béjar y Julio Corrochano -exjefe de Seguridad de la entidad en libertad bajo fianza- los señalados por el forensic serían Ángel Cano (por los años en los que fue responsable directo de Corrochano), Manuel Castro, Ignacio Pérez Caballero (sucesor de Béjar al frente de Riesgos), Javier Malagón (directivo de Bancomer) y la actual responsable de Seguridad Inés Díaz Ochagavia.

Todos ellos fueron citados por el juez pero se acogieron a su derecho a no declarar, a excepción de Béjar, que contó su versión al juez y el fiscal y después fue destituido de la presidencia de DCN.

Preguntas a BBVA

En el largo interrogatorio del fiscal al representante legal del banco, Adolfo Fraguas, son muchas las veces en las que sale a relucir el contenido de ese forensic.

Como desveló este periódico, el banco no había aportado el contenido íntegro de su informe cuando este fue a prestar declaración, lo que no fue un buen síntoma para la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal preguntó a Fraguas por algunas de las entrevistas realizadas a exdirectivos en el marco del 'forensic', a lo que el letrado respondió que éstas fueron realizadas por despachos externos "para generar documentación y crear un clima de confianza sin grabaciones, ni actas".

Posibles acciones legales

Sin embargo, el resultado de ese contenido ha llevado a la defensa de Béjar a plantear si denuncian a los autores de ese documento por dirigir supuestamente las conclusiones de la investigación interna para que ni el presidente, ni el banco queden señalados por el juez, según fuentes próximas a este proceso.

La documentación en la que trabajaron durante meses PwC, Garrigues y Uría Ménendez indica en las conclusiones ya incorporadas al sumario del caso que quienes autorizaron los pagos de las facturas a Cenyt por un importe de 10,2 millones de euros fueron Cano y los directivos antes citados. 

El informe desglosa las facturas abonadas y algunas de ellas fueron objeto de las preguntas del fiscal al representante del banco que está imputado por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Asúa en el foco del fiscal

Otro de los elementos del sumario que coloca a Torres en una situación delicada es el señalamiento de su Senior Advisor, Juan Asúa, como supervisor de los contratos con Cenyt en su época como responsable de BBVA España.

La actual mano derecha de Torres Vila habría realizado esa labor por orden del entonces presidente, Francisco González, siempre según la versión de la Fiscalía Anticorrupción.

El Banco Central Europeo (BCE) estaba a la espera de conocer el contenido de este sumario para evaluar si pide a la entidad adoptar medidas de gobierno corporativo por el proceso judicial que arrancará ahora.

Torres Vila debe renovar a parte del consejo de administración este año y el contenido del sumario condicionará su decisión en la renovación e incorporación de nuevos consejeros al banco, que está acusado en este procedimiento penal como persona jurídica.