El dinero es temeroso y busca la estabilidad. Se trata de una frase pronunciada por los analistas, y resume muy bien el sentir de los inversores. No es de extrañar, por tanto, que cuando empieza a ponerse en duda el futuro de su patrimonio opten por llevarlo a destinos que les reporten cierta tranquilidad.

¿El último ejemplo? El de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav), que han visto cómo durante el 2018 se han retirado 861 millones de euros, según datos recopilados por Vdos para EL ESPAÑOL, pendientes del cierre definitivo del año.

Unas cifras que para los expertos consultados demuestran las dudas que tienen los grandes patrimonios sobre el futuro régimen bajo el que operarán estas sociedades.

Más control de la AEAT

De hecho, y según los datos, desde que se celebraron las elecciones el pasado mes de noviembre se han retirado 168,6 millones de euros. Es decir, en dos meses ha salido el 20% del total de reembolsos netos que hubo en las sicav durante el pasado ejercicio.

Desde Gestha explican que estos movimientos son naturales cuando la incertidumbre se apodera de los patrimonios. Recuerdan, incluso, que ya ocurrió algo similar allá por el año 2015 cuando hasta el Partido Popular llevaba en su programa electoral la posibilidad de cambiar el régimen para obligar que cada partícipe de una sicav tuviera -al menos- el 0,55% del capital de la misma.

Ahora, el programa de la coalición PSOE - Podemos dice que se quiere “ejercer un mayor control” sobre ellas. Para ello se van a otorgar a la Agencia Tributaria las competencias para “declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos en materia financiera”. Unas actuaciones que ahora están en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la última reforma llevada a cabo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En el programa que ambas formaciones acordaron hace unas semanas se señala también que “se establecerán requisitos adicionales” para que las sicav puedan acogerse al tipo impositivo reducido, de modo que pueda garantizarse su carácter de instrumento de inversión colectiva. ¿Por ejemplo? El establecimiento “de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor”.

La actual normativa establece que estas sociedades paguen el 1% de sus beneficios anualmente (aunque cuando el capital vuelve a su propietario tiene que pasar por Hacienda); además, destaca que deben tener -al menos- 100 accionistas.

Portugal, refugio

La realidad es que uno o unos pocos de esos accionistas tienen el control de la sociedad, y el resto (los famosos mariachis) tienen participaciones muy minoritarias de la compañía. De ahí el que Podemos quiera establecer ese máximo de concentración del capital en manos de un sólo inversor.

Muchos de los grandes patrimonios miran como refugio a la vecina Portugal, en donde el régimen para extranjeros les permite ahorrar grandes cantidades de dinero en su factura fiscal. De hecho, son muchos los despachos de abogados consultados los que han recibido consultas en las últimas semanas sobre las ventajas que podría tener para sus clientes trasladarse al país vecino.