La italianización de la vida política y empresarial española no arrancó en 2015. Fue ese año, cuando primero el Gobierno en funciones del PP y después el Gobierno en funciones del PSOE comenzaron a establecer doctrina sobre lo que puede y no puede hacer un Consejo de Ministros que está de paso sine die. Pero la falta de una política clara ha sido una constante en sectores como la Energía, que han estado sometidos casi a tantas reformas como ministros han portado su cartera.

En esos vaivenes, protagonizados en los últimos años por Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Alberto Nadal y Teresa Ribera, la regulación de los llamados peajes del transporte y distribución del gas y la electricidad han sido una patata caliente entregada y arrebatada a una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que está estrenando competencias en una España en funciones.

Lo hace en una situación de interinidad poco saludable, pero que no es única en las instituciones españolas. La falta de Gobierno ha impedido renovar al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, a su vicepresidenta y responsable de la Sala de Supervisión Regulatoria, María Fernández y a tres de sus consejeros: Josep María Guinart, Benigno Valdés y Clotilde de la Higuera.

Se trata de la mitad del pleno de un consejo que mantiene cada vez una postura más dividida sobre cómo salir del atolladero de la Circular que regula los peajes del transporte y la distribución del gas en España. Una división que un portavoz de la CNMC desmiente de forma tajante, pero que fuentes próximas al consejo no solo confirman sino que aseguran que cada vez es más profunda.

Marín Quemada tiene puesto todo su empeño en sacar adelante -a poder ser esta semana- la Circular con la que pretende dar un tijeretazo sin precedentes a la retribución de las redes de gas natural. 

Si lo logra, será con las compañías afectadas y sus inversores en pie de guerra y poniendo en apuros a Nadia Calviño, que debe pronunciarse sobre el impacto económico de una Circular, cuyo contenido no gustó nada su compañera Ribera.

Se daría la paradoja de que con un Consejo de Ministros sin capacidad para acometer reformas de calado, el Ministerio de Economía podría verse obligado a sazonar con un informe una norma con rango de Real Decreto Ley. Y además, cocinada por un organismo de escalafón inferior, pero que por su naturaleza nunca está en funciones, aunque la mitad de su consejo tenga el mandato caduco y también esté a la espera de que el Parlamento invista a un presidente.

Al igual que el Gobierno de Rajoy, primero, y de Sánchez, después, tuvieron que sentar doctrina sobre lo que puede hacer y no hacer un Gobierno en funciones, Marín Quemada podría haber acudido a la Abogacía del Estado para consultar si debía o no regular una materia tan sensible que tendrá que aplicar su sucesor. En especial, tras el revuelo que generaron en el Ministerio las formas empleadas por la CNMC en este periplo.

Hasta ahora, no lo ha hecho amparándose en que el Gobierno fijó en la disposición final tercera del RDL 1/2019 la fecha del 1 de enero de 2020 como límite para la "aprobación de las circulares normativas con las metodologías para el cálculo de los cánones y peajes de acceso a las redes, así como las retribuciones" del gas y la electricidad.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el actual periodo regulatorio del gas termina en 2021, aplazar la decisión podría ser lo más prudente, argumenta el sector. Daría tiempo así a que el 10-N abriera una nueva etapa en la política española que permitiera abrir las ventanas en organismos, como RTVE o la propia CNMC, con consejeros pendientes de renovar. 

Pese a la disposición antes mencionada, la Ley 18/2014 da margen para ello al establecer que "los parámetros de retribución de las actividades de distribución podrán revisarse por el Gobierno antes del comienzo del siguiente periodo regulatorio (...) Si no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán prorrogados para el periodo regulatorio siguiente". Una idea que mantiene la ley 1/2019 en la que se traspasó ese poder a la CNMC para transponer las directivas de la Unión Europea.

Curiosamente, 10 años antes de esa decisión, uno de los hombres más fuertes del consejo de la CNMC, Mariano Bacigalupo, advirtió en un artículo publicado en La Ley digital, cuando era director de la Asesoría Jurídica de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), que esta tarea podría ser un traje demasiado grande para un regulador. El marido de Teresa Ribera aseguró entonces que pese a las Directivas del Tercer Paquete Energético de la UE, esa potestad podía quedar en manos del Ejecutivo.

Bacigalupo es ahora una de las voces más críticas con el empeño de Marín Quemada de sacar adelante la Circular del gas antes de enero. Unas voces que son cada vez más numerosas, toda vez que uno de los principales artífices de la controvertida metodología para los peajes, Fernando Hernández, acaba de abandonar la CNMC para marcharse como consejero comercial a la Oficina Económica de Tokio.

Su sucesor como director de Energía, Santiago Muñoz Gámez, fue nombrado la pasada semana y se ha encontrado con una propuesta de regulación heredada que mantiene dividido al consejo del regulador. Una normativa sobre la que en círculos privados, la vicepresidenta Fernández ha expresado reticencias.

En el entorno de Marín Quemada se acusa a Naturgy, principal empresa del sector, de haber recortado en un 16% sus inversiones materiales en el último periodo regulatorio y explican así su empeño en establecer esa nueva metodología. Sin embargo, los nuevos peajes del gas tampoco garantizan un aumento de esas inversiones.

Según la memoria de la citada compañía, en 2018 se destinaron a inversiones materiales 240 millones de euros, un 13% más que el año anterior. El sector en su conjunto invirtió ese año más de 400 millones de euros. Las empresas reconocen que en los años de la crisis inmobiliaria la inversión se resintió, pero explican la caída por la menor construcción de nuevas viviendas en España. 

Para que nuestro país pueda cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que elevan el peso del gas en la matriz energética del 17 al 20% será necesaria la colaboración de empresas y fondos para seguir elevando esas inversiones. Este punto es clave para entender el malestar de Ribera.

Más allá de la debacle en Bolsa que produjo el anuncio del cambio de modelo en la retribución del gas, Calviño deberá analizar en su informe el impacto para la imagen de España de un aumento de los peajes en un sector dominado por fondos internacionales que invierten en la economía nacional, así como el aspecto más social y territorial de los tubos de gas. Esto es, aderezar, la norma, como suelen hacer los ministerios en cada Real Decreto tras escuchar a las partes, en este caso, fondos y empresas incluidos.

El gas sigue siendo una pata importante del mix energético español. No solo para las calefacciones de los hogares, también para la industria, que se está deslocalizando. Y lo hace, entre otros motivos, por el alto coste de la energía ante la incapacidad de los sucesivos gobiernos de diseñar una política energética con el consenso necesario para lograr la eficiencia.

ATENTOS A...

Vértice 360. La entrada -ya aprobada en Junta de Accionistas- del Grupo Giglio como inversor ha traído nuevo capital a la compañía. Entre otros, fondos como Bankia (0,09%), BBVA (0,16%) o el propio Norges Bank (0,16%) han tomado posiciones en la compañía en los últimos días.

Lo hacen tras los continuos viajes de su CEO, Pablo Pereiro, a Santa Mónica (EEUU) en busca de un acuerdo audiovisual sobre el que Alessandro Giglo se ha pronunciado en una reciente entrevista con el periódico italiano L'Economia al afirmar que la estructura de la compañía española ya está proyectada hacia Netflix. Pese a que el gigante estadounidense ya había aparecido en las quinienas de los posibles socios para reflotar Vértice, cada vez parece más seguro que habrá movimientos con unos acuerdos que también quieren incorporar a otras firmas. En el punto de mira de ellos estaría el Grupo Godó y el canal de televisión BOM Cine.