El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ampliado el extenso calendario de citaciones en la investigación de las irregularidades que llevaron a la quiebra del Banco Popular con otros querellados en la causa, entre ellos dos ex consejeros delegados de la entidad, un consultor de PricewaterhouseCoopers (PwC) y la propia entidad auditora.

Así, según la providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el empleado de PwC Pedro Barrio Luis, el último auditor de las cuentas del Popular, comparecerá en la Audiencia Nacional el 10 de diciembre a las 9.30 horas, tras lo cual está citado el representante legal de la consultora.

Al día siguiente están citados los ex consejeros delegados Ignacio Sánchez Asiain, también a las 9.30 horas, y Pedro Larena, a las 11.30 horas. El exconsejero Antonio González-Adalid también deberá declarar ante el juez ese mismo día.

Estas citaciones tendrán lugar después de que hayan pasado por la Audiencia Nacional otros ex altos cargos del Banco Popular. El primero en declarar, el 2 de octubre, será el expresidente Emilio Saracho, seguido por el exvicepresidente Roberto Higuera, quien está llamado día 8 de octubre, mientras que el 30 de ese mes será el turno del expresidente Ángel Ron.

Ampliación de capital

El 15 de octubre está citado el ex consejero delegado Francisco Gómez Martín y, ya en noviembre, el magistrado ha previsto un intenso calendario entre los días 12 y 27 con una decena de exconsejeros querellados también en esta causa.

Todas estas citaciones tienen lugar tras una serie de diligencias como el informe del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la situación del Banco Popular con aquella cúpula directiva y una vez se ha decidido que el Banco Santander no sea tratado como imputado de cara a la posible responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir la entidad financiera que compró en 2017 por un euro, asumiendo su deuda.

El Popular llevó a cabo en 2016 una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo este tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las "irregularidades contables" de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital.