La regulación del mercado de las viviendas del alquiler ha sido una de las cuestiones dentro de la política social en las que Pedro Sánchez ha demostrado un mayor interés desde su llegada a la Moncloa, preocupado por lo difícil que resultaba para aquellos ciudadanos con menos recursos económicos acceder a este tipo de viviendas.

De este modo, en consenso con Unidas Podemos, uno de sus socios en la moción de censura que supuso el fin de la presidencia de Mariano Rajoy y el inicio de la de Sánchez, el PSOE aprobó una medida concreta para hacer frente a la situación del mercado inmobiliario. 

El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establece un índice de referencia de precios del alquiler, con la intención de establecer un precio máximo y justo en función de la ubicación del inmueble (zona, ciudad, provincia, CCAA,...).

Sin embargo, aunque la intención de este decreto es regular el importe del alquiler y reducirlo, buscando que ningún propietario pida una cantidad superior a la adecuada al inmueble concreto, desde el Consejo General de los colegios oficiales de agentes de la propiedad inmobiliaria (Coapi) advierten de que esta medida podría generar el efecto contrario al pretendido.

"Si bien la reforma del alquiler puede ofrecer estabilidad a largo plazo para propietarios e inquilinos, que un gobierno determinado intervenga en exceso en la evolución del mercado inmobiliario puede ser peligroso", explica Gerard Duelo, presidente de la organización, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, Duelo advirtió también de que el vaivén legislativo perjudica de manera "notable" a la actividad del sector inmobiliario, puesto que no aporta seguridad a ninguno de sus actores.

Encarecimiento del alquiler

Anna Puigdeval, gerente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), considera que esta clase de medidas restrictivas, además de poder tener el efecto contrario al deseado, son un tanto innecesarias porque "el libre mercado tiende a regularse solo", aunque sí que considera necesario introducir otro tipo de medidas.

Coincide con ella el Consejo General de Coapis, dónde consideran "de vital importancia" implementar una regulación eficaz para poder garantizar así "el correcto acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía". Así, la cuestión no es que no se deba regular, sino que el índice de referencia no es la medida adecuada.

Puigdeval afirma que el origen del problema con esta normativa está en cómo se elabora el índice, puesto que, como explica el portal inmobiliario Idealista, la principal característica a tener en cuenta serán los valores medios de la renta mensual en euros por metro cuadrado de la vivienda por barrios, distritos, municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

Así, Puigdeval explica que hay mucha información importante que no se tiene en cuenta a la hora de establecer el índice, como la orientación del piso, si está reformado o no,... Al no discriminar bien entre los pisos ocurre que dos inmuebles en una misma zona tendrían el mismo precio pese a que uno sea mejor que otro por estas características olvidadas.

Esto es, que un piso que, por sus condiciones objetivas, tendría un valor menor en el libre mercado inmobiliario, con este nuevo índice regulador, podría encarecer su renta, mientras que otro que de mayor importe en el libre mercado reduciría su importe. Aún así, al tratarse de valores medios por ubicación, el coste seguiría siendo elevado en ambos casos, por lo que no se habría facilitado el acceso.

Propuestas alternativas

Para combatir los elevados precios que se dan dentro del mercado del alquiler de inmuebles, Puigdeval sugiere como primera acción hacer una mayor inversión en vivienda social. Según la gerente, la construcción y disposición de un mayor número de viviendas de este tipo ayuda a regular a la baja el precio de los alquileres.

Asimismo, Puigdeval señala como fundamental desarrollar una mayor regulación en el ámbito del alquiler de uso turístico, que en muchos casos tienen unos precios muy elevados y que penalizan al coste de los alquileres residenciales.

Otra de las medidas que la gerente de la AIC propone para abaratar el importe de los arrendamientos es ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilan sus viviendas y a los constructores, de manera que estos se vean atraídos a su vez a ofrecer mejores precios a sus inquilinos.

Con estas medidas, Anna Puigdeval considera que el mercado del alquiler de la vivienda tendría una regulación más eficaz y que se obtendrían mejores resultados que con la implantación del índice de referencia de PSOE y Unidas Podemos.