Pretenden consolidarse como el mal menor, la opción que escoger cuando el reciclaje no es posible, y siempre antes del vertedero. Tratan, en resumidas cuentas, de quemar residuos urbanos no reciclables y transformarlos en energía eléctrica -algo que hacen en España-, vapor o agua caliente.

Las empresas de valorización energética, como se llama este proceso, cuentan con 11 plantas en España, con entre 15 y 20 años de media de antigüedad, pero tienen mucha más fuerza en el resto de Europa. "Para cumplir con los objetivos de la Unión Europea, necesitaríamos tener el doble de instalaciones", explica el ingeniero industrial y presidente de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu), Rafael Guinea.

El reciclaje, explica, debe ser una prioridad. Pero creen estos expertos que, con lo que ya no entra en este proceso, el siguiente paso debe ser convertirlo en calor o energía.

Así, proponen trasladar estos residuos a una planta de valorización energética para ser incinerados (en exceso de aire y a temperaturas superiores a 850ºC), mientras los gases "son depurados cuidadosamente" para evitar que las emisiones afecten a la calidad del aire. Este proceso produce escorias, cenizas y gases calientes que se usan para aprovechar su energía transformándola en agua caliente o electricidad. Lo que sobra (las cenizas o escorias) puede utilizarse para material árido en obra y para chatarra en empresas siderúrgicas, sugieren desde Aeversu.

Según los datos de la Asociación, en 2017 las plantas españolas trataron cerca de 2,5 millones de toneladas de residuos no reciclables, con los que produjeron cerca de 2.000 GW de energía.

¿Y los gases?

Para defender este sistema, estas empresas se enfrentan a una opinión pública que a menudo desconfía de los efectos que puedan tener las emisiones que generan este tipo de instalaciones. Desde Aeversu utilizan los vertederos como elementos con los que compararse, e insisten: éstos emiten anualmente cerca de 11 millones de toneladas de CO2 entre España y Andorra, 19 veces más, según sus cálculos, que las plantas de valorización energética.

Asimismo, los dos estudios que aporta la Asociación para defenderse de estas críticas en España son el de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), que determinó en 2015 que "no existe asociación significativa entre la mortalidad y la proximidad a la planta incineradora", y el de Madrid Salud, de 2017, centrado en el parque tecnológico de Valdemingómez, que apuntó que "no hay evidencia de que la Planta contribuya a aumentar los niveles de estos contaminantes en su entorno más próximo".

Quieren consolidarse, por tanto, como la alternativa al vertedero y segunda opción tras el reciclaje. Algo que es realidad en otros países europeos como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Estonia (ver gráfico inferior). "El vertedero es la excepción y no la norma a seguir, debido a su nocivo impacto sobre el agua, el aire y el suelo", alegan.

Tratamiento municipal de residuos.

Asumen, no obstante, que el coste económico es mucho mayor a la hora de instalar una de estas plantas que un vertedero al uso. Por eso, su batalla se centra en los ayuntamientos, quienes en España se encargan de la gestión de los residuos. "Es más caro hacerlo mejor que peor", resume Guinea, que insiste además en que el coste de un vertedero no refleja los 50 años de gestión que exige.

"La gestión de residuos que se hace en España es la misma que hace 15 años", denuncia el presidente de Aeversu, que destaca que la valorización es una parte esencial de la economía circular. Con el 26-M a la vuelta de la esquina, queda la incógnita de si este tema estará sobre la mesa en la próxima legislatura.