Varapalo del Tribunal de Cuentas a las obras del AVE desarrolladas por ADIF. El análisis que ha hecho de los presupuestos y de los distintos convenios firmados por el gestor ferroviario, ha detectado una desviación de 7.637 millones de euros. Un incremento que es fruto "del aumento de coste de las actuaciones, cuando en el momento de su ejecución, se concretaron los proyectos contemplados en los estudios informativos iniciales". 

Según indica el informe, los convenios suscritos para el desarrollo de las distintas obras del AVE no debería haber suscitado déficit. Sin embargo, a fecha de 31 de diciembre de 2016, se ha producido ese aumento de costes por varios motivos. El primero, "por el incremento del coste de las actuaciones; el segundo, la existencia de gastos operativos y financieros no contemplados inicialmente; y también por la disminución de la estimación de las plusvalías derivadas del aprovechamiento urbanísitico. 

El dato llega tras el análisis que el Tribunal de Cuentas ha hecho de las Sociedades de Integración del Ferrocarril (SIF), que fueron constituidas entre el Ministerio de Fomento, Comunidades y Ayuntamientos para remodelar la red ferroviaria en distintas ciudades. Es decir, para llevar a cabo nuevas estaciones, soterramientos o variar la entrada del tren para hacerla más acorde a la estructura urbanística de la ciudad. 

Escasa ejecución

Al Tribunal le llama la atención no sólo lo mal que se hicieron los cálculos (errores motivados porque las valoraciones se hicieron entre 2002 y 2010, antes de que se desplomara el mercado inmobiliario); también la escasa ejecución que se ha hecho de las obras. 

En concreto, las actuaciones que afectan a las líneas ferroviarias se han desarrollado en un 27%; mientras que las actuaciones urbanísticas se han desarrollado en un 21%. 

Critica también la manera de financiar estas sociedades. Nacían con 600.000 euros de capital social y para financiar la ejecución de obras recurrían a préstamos bancarios. ¿Por qué? Pues porque los ingresos iban a llegar de las permutas urbanísticas que generarían pingües beneficios. Algo que no fue así, como insiste el documento. 

En concreto, a 31 de diciembre de 2016 las SIF tenían pendientes de amortizar 1.127 millones de euros en préstamos bancarios, con un coste de 449 millones de euros. Es cierto que, según señala, el endeudamiento en 2017 se redujo en un 52% gracias a las aportaciones efectuadas por Adif y Adif-AV en las SIF de Alicante y Valladolid.