Límite, 24 horas. Este martes se decide en el Consell de Govern de la Generalitat decreto por el que la Generalitat pondrá el último clavo en el ataúd de empresas como Uber y Cabify provocando la salida de las empresas con licencias VTC, miles de despidos y un bochorno para la comunidad autónoma y para Barcelona.

Los tenedores de licencias VTC y aplicaciones como Uber o Cabify consideran que el decreto Calvet, impulsado por el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera, es una forma de prevaricación que traerá responsabilidades penales sobre el propio conseller, procesista convencido. De hecho, han exigido su dimisión en los últimos días. Además, la patronal de las VTC, Unauto, ha enviado cartas al Govern de Quim Torra de las responsabilidades “administrativas y penales” que podrían tener que afrontar si se aprueba el decreto en favor del Taxi.

Calvet, con tal de bailar el agua al taxi catalán, va a abochornar a una ciudad, Barcelona, que no sólo viene de ser elegida la sede de un centro de investigación europea de movilidad sostenible, sino que se enfrenta a un Mobile World Congress en el que las autoridades locales tendrán que dar explicaciones sobre por qué se limitan las opciones de los miles de delegados que acudirán a la ciudad.

Damià Calvet provocará la pérdida de miles de empleos en Cataluña.

¿Innovar en la ciudad que mató a Cabify?

El proyecto MOBiLus, ganador del reto de Mobilidad Urbana del Centro Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), cuenta con la coordinación de Luis Gómez, comisionado de Empresa de la ciudad de Barcelona. Este proyecto hará que se ponga en marcha en la Ciudad Condal un centro de investigación dedicado a estas cuestiones y tiene entre sus retos para 2026 respaldar a 180 start-ups, lanzar 125 nuevos productos, incrementar la movilidad compartida en todas las ciudades socias, y atraer 38 millones de euros a través de EIT Ventures. 

Está por ver cómo convencerá ahora Barcelona a alguien de que invierta en nuevos modelos de movilidad. Hablamos de una ciudad en la que ha quedado claro que cualquiera que esté dispuesto a practicar la negociación colectiva a través del disturbio es capaz de destruir nuevos negocios, imponerse a la voluntad de las autoridades, superar las recomendaciones de la autoridad nacional de Competencia y provocar miles de despidos simplemente porque a los monopolios concesionales tradicionales están dispuestos a impedir, con todos los medios a su alcance, que sus rivales sigan existiendo. Cada posible inversor en movilidad en la Ciudad Condal sabe ya que ellos podrán ser los siguientes apalizados, acribillados y expulsados por el Taxi. 

Será interesante ver qué opinan de Barcelona estos días los otros 47 miembros de este consorcio de 15 países, con integrantes entre los que se encuentran el grupo BMW, Copenhague, TomTom o el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Especialmente si tenemos en cuenta que algunos de ellos, como BMW, tienen servicios como ReachNow, que incluyen la posibilidad de contratar servicios de transporte con conductor.

El proyecto coordinado por Barcelona habla de “crear opciones”, no de eliminarlas. También de “ayudará a superar los retos del transporte urbano eco-eficiente y urbano, de la explotación de los datos y de afrontar los cambios regulatorios y conductuales". Concretamente, el reto de Movilidad Urbana del EIT menciona explícitamente que su objetivo es “facilitar y estimular un acercamiento a la regulación que elimine las barreras a la innovación en las ciudades y configurando un marco favorable para todos”. Igualito a lo que está pasando.

Fomento apoya a las VTC

En un comunicado, la patronal catalana, Fomento del Trabajo, parecía no saber cómo apoyar a las VTC frente al Taxi sin hacerlo demasiado explícito. Hablaba, eso sí, de “hacer posible un acuerdo con la voluntad de defender los derechos empresariales y la competencia, pero que también fomente la eficiencia del servicio, y facilite la creación de ocupación y no la pérdida de miles de puestos de trabajo de este sector”.

También habló de proteger “el derecho de los ciudadanos a elegir el servicio de transporte urbano que deseen, de acuerdo con sus necesidades” y de tener “una oferta de movilidad segura, moderna y de calidad, proporcionada a lo que merece una ciudad como Barcelona”.

Al margen del progreso

Fomento señala que el Taxi no es sino otro sector de la actividad industrial y servicios que “ha visto cómo la imparable revolución digital ha transformado su modelo de negocio y su posición de centralidad en el transporte privado de pasajeros”, pero que “no afrontar esta cuestión con seriedad puede situar la ciudad de Barcelona, y por extensión Cataluña, al margen del progreso y las transformaciones económicas y sociales”.

La patronal pide “respetar las normas de libre competencia, fomentar la actividad empresarial, la producción industrial e incorporar a todos los niveles el progreso que conlleva irse adaptando a las nuevas tecnologías”. Solicita, por tanto, a las administraciones, “que encuentren el espacio que haga posible un acuerdo de los actores empresariales implicados en la movilidad de la ciudad de Barcelona con la voluntad de defender sus derechos y la competencia, fomentar la eficiencia del servicio y facilitar la creación de ocupación y no la pérdida de miles de puestos de trabajo de este sector”.

Exactamente lo contrario que promueve Calvet. El mismo Calvet, por cierto, que no deja de meterse en charcos y que se enfrenta en los tribunales con Acciona por el fiasco de la Generalitat en ATLL.

Barcelona, pese a las tensiones independentistas, ha conseguido ser percibida como un hub emprendedor, y Fomento subraya que, respecto a 2011, “se observa un fortalecimiento de la ciudad como centro de negocios e innovación, percepción que también se incrementa entre los barceloneses, que atribuyen al Mobile Wold Congress su efecto dinamizador”. 

Precisamente refiriéndose a la feria, subraya la patronal que es importante que “Barcelona muestre, de nuevo, su capacidad de ser el centro de la tecnología y la innovación del mundo”. Lo que, probablemente, no pasa por frustrar a los miles de delegados que lleguen esperando encontrarse con un VTC y se encuentren con una ciudad provinciana. Una a la que Ada Colau ha dejado también sin ‘carsharing’ al menos hasta 2020.

Marta Plana, Directora de Regulación de Cabify, fue contundente al referirse a la reunión del próximo martes. En declaraciones a EL ESPAÑOL, subrayó: “La regulación debe establecer marcos competitivos que permitan beneficiar a los usuarios, crear un campo de juego con reglas equilibradas  y fomentar la innovación. No podemos permitirnos en Barcelona un decreto Calvet que asfixie, y expulse a inversores y plataformas tecnológicas de la ciudad”.