El Gobierno quiere prohibir la matriculación y venta de coches diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040

2040. Ese es el año en que España dejará de matricular vehículos que emitan gases contaminantes. La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está elaborando el Gobierno de Pedro Sánchez así lo prevé: desde ese año se prohibirá la matriculación y venta de cualquier "turismo o vehículo comercial ligero (furgoneta)" con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Esta prohibición afectará a los coches con motor a gasolina y diésel, pero también a los híbridos y a los coches que funcionan a gas natural, según recoge un documento de trabajo de la próxima norma que ha hecho llegar el Ejecutivo a los partidos y al que ha tenido acceso este periódico.

La propuesta, justifica el documento, está en línea a las medidas que se han tomado en Reino Unido y Francia, que ya han anunciado que se prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y prohibirán su circulación una década más tarde. Otros países, como Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030, mientras que Noruega se pone como plazo 2025. 

"Uno de los cambios más relevantes que deben hacerse son aquellos que inciden en la movilidad", expone el documento que marca como objetivo que en 2050, año en que la Unión Europea prevé alcanzar una economía libre de emisiones, no circulen coches que funcionen con combustibles fósiles y el parque móvil español quede compuesto solo por eléctricos o con motor de hidrógeno, siempre que sean tecnologías 100% limpias.

El parque automovilístico español se compone de casi 18 millones de vehículos diésel y 13,6 millones a gasolina. Según los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) es, además, un parque envejecido. En la última década, casi la mitad de los coches que circulan en España han pasado de tener una media de 8,39 años a 12,21 años al cierre de 2017.

No es la única medida que plantea el documento de trabajo en materia de movilidad. El borrador en el que el Gobierno expresa de forma general sus metas de cara a 2030 y 2050 fija como obligatoria la instalación de puntos de recarga eléctrica o 'electrolineras' en las gasolineras tradicionales, "en distintos plazos en función de su volumen de venta".

Además, los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que delimitar zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. Por otro lado, en cuanto al transporte por carretera, el Gobierno estudiará si se establecen nuevos impuestos a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.

Fin de las ayudas a los combustibles fósiles

El sentido de estas medidas es lograr una reducción de las emisiones contaminantes más ambiciosa a la marcada por la Unión Europea en sus objetivos. En este momento, España registra unas emisiones contaminantes un 17% por encima del nivel de 1990. Esta hoja de ruta marca como objetivo a 2030 reducirlas en 37 puntos, es decir, llevarlas al nivel de 1990 y, desde ahí, rebajar otro 20%. A este nivel, las emisiones deberían ser de 230 millones de toneladas para el año 2030.

Con esto, indican fuentes del Ministerio a este periódico, se busca posicionar a España a la cabeza de los vecinos europeos en 'ambición verde' e incentivar el cumplimiento de otros países de sus respectivos objetivos climáticos. 

Para el año 2050, las emisiones de gases invernadero deberán haberse reducido en un 90% respecto al nivel de 1990. Con este objetivo en el horizonte, la hoja de ruta en la que trabaja el equipo de la ministra Teresa Ribera planea eliminar el uso de combustibles fósiles y, desde que entre en vigor la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, lo que incluye el mar territorial.

La futura norma pone en el punto de mira el fracking: la fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos tampoco estará permitido y las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá de 2040.

La Ley, apuntan desde el Ministerio, tiene que lanzar una señal: "No se puede seguir haciendo uso de combustibles que generan emisiones como se ha hecho hasta ahora y que, además, son un problema de salud pública en las grandes ciudades".

El documento marca también como frontera para los subsidios e incentivos económicos a los combustibles fósiles la fecha en que entre en vigor la nueva ley. A partir de ese momento, quedarán prohibidos. 

Asimismo, el Estado también limpiará la huella de carbono de sus inversiones: no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros ligados a la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles y, además, trazará un calendario para desprenderse de sus participaciones e instrumentos relacionados con los combustibles fósiles.

Impulso a las renovables y redes

El borrador en el que trabaja la cartera de Transición Energética recoge también el impulso a las energías renovables para que el sistema eléctrico se apoye solo en estas fuentes de generación para el año 2050.

Según el documento, entre 2020 y 2030 se potenciará la producción de esta energía con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) de potencia a instalar cada año para producir electricidad.

Como ya avanzó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, para cumplir con los objetivos de la Unión Europea ligados al Acuerdo de París, es necesario instalar 50.000 MW 'verdes' en la próxima década.

Para este impulso, el Gobierno prevé convocar subastas de nueva potencia durante la siguiente década a razón de esos 3.000 MW anuales, pero se guarda otro as en la manga: podrá desarrollar vía reglamento nuevos instrumentos para el fomento de la generación eléctrica 'verde'.

Y como guiño a los inversores, el documento establece un mandato para fijar un "marco normativo estable, predecible, eficiente y claro", con normas orientadas a la simplificación de cargas y procedimientos administrativos. Esto implica también que se fijará el régimen retributivo y se dará "primacía en la instalación y prioridad en el acceso y conexión a redes de transporte y distribución" a la generación renovable frente a otras tecnologías.