El sector bancario y las principales empresas tecnológicas llevan varias semanas de incertidumbre. El presidente de Gobierno Pedro Sánchez anunció tras su llegada a la Moncloa que una de sus prioridades era establecer un impuesto a la banca y a las empresas tecnológicas para financiar las arcas del Estado, cada vez más alicaída por el descenso de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Una medida que generó críticas de los principales directivos de las entidades bancarias que indican que este impuesto sería contraproducente. La propia Asociación Española de Banca, la patronal de todas las entidades, fue enfática al señalar que aumentar la carga tributaria del sector financiero conllevaría efectos perjudiciales para la economía. Recordaron, además, la “contribución del sector financiero al sostenimiento del gasto público es superior al de otros sectores”.

Frente a estas críticas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero indicó hace dos semanas que el impuesto a la banca no está entre los proyectos que van a abordar de manera inmediata. Unos días en que se supo que el propio Sánchez se reunió con diferentes entidades bancarias para tranquilizarles y trasladarles que este gravamen no es uno de sus objetivos inmediatos.

Propuestas de Podemos

Este hecho provocó cierta sorpresa en el mundo bancario al constatar un nuevo cambio de rumbo. El PSOE ha vuelto a mostrase favorable a la puesta en marcha de este impuesto, después de que Podemos presentase sus condiciones para aprobar los Presupuestos de este año paralizados en el Congreso porque el PSOE no logra los apoyos necesarios.

El partido de Pablo Iglesias pone como punto innegociable el impuesto a entidades bancarias “ya anunciado por el Gobierno y similar al que ya están aplicando otros países de nuestro entorno”.

Podemos y el PSOE se refieren a impuestos como el británico que grava el pasivo de las entidades. En el caso español cálculos de Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apuntan a un tipo impositivo del 0,07% sobre este pasivo, lo que recaudaría unos 2.000 millones de euros anuales, al nivel del efecto producido en Reino Unido.

Hay margen

Frente a la batería de propuestas del partido morado entre las que también se incluía la reforma del impuesto sobre sociedades, introducir una fiscalidad verde, más impuestos sobre las grandes fortunas y eliminación de las sicav, eliminación de las deducciones fiscales de los planes de pensiones en el IRPF e incremento en el tipo marginal del IRPF en los tramos más altos, en Moncloa han contestado que hay margen.

De esta manera, el PSOE se mostró partidario de negociar una subida de impuestos, en especial en grandes empresas a través de reducción de deducciones, precisamente a la banca, a las tecnológicas y a las que más contaminan. Unas intenciones que se conocían pocos días después de que Sánchez le dijese a la banca que su impuesto no era una prioridad.

Unos bandazos que preocupan en los bancos, ya no solo por el aumento de sus tributos, algo que han criticado duramente, sino que por la inseguridad que está generando en el sector, cambiando de opinión cada semana y añadiendo incertidumbre a unas entidades que soportan una elevada competitividad internacional.

Desventaja competitiva

Desde la AEB indican que no resulta razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial, especialmente si se tiene en cuenta que su ponderación en la economía y en los beneficios empresariales es en torno al 3%. Y agrega que "el incremento de la carga tributaria del sector financiero generaría para sus entidades una desventaja competitiva a nivel europeo".

Desde la banca se asevera que solo por Impuesto de Sociedades ingresan más de un 20% de sus beneficios a las arcas públicas. De hecho, en 2017 Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Sabadell y Bankinter pagaron más de 2.400 millones de euros por concepto de este impuesto, un 31% de sus beneficios y porcentualmente más que la media de cualquier otro sector.

El caso de las tecnológicas

En el caso de las tecnológicas la situación es más preocupante, ya que existe una mayor coincidencia social y política en que compañías como Facebook, Amazon o Google deben pagar más impuestos en España. El plan del anterior ministro de Hacienda Cristóbal Montoro incluía la intermediación, la publicidad y la venta de datos a empresas con un límite del 5% de su facturación, mientras que Sánchez solo se ha limitado a señalar que se creará una tasa que, lo más probable, esté basada en los ingresos que generan estas plataformas en nuestro país.

En España, compañías como Facebook y Google derivan todos sus ingresos a filiales en otros países de Europa como Holanda, con una fiscalidad más favorable, y solo recaudan por servicios prestados a sus sociedades matrices.

Impuesto "particularmente dañino"

Frente a estos anuncios desde las tecnológicas indican que un impuesto a sus ingresos sería  “particularmente dañino” y que, en algunos casos, podría “comerse todo el beneficio” de empresas que operan con márgenes estrechos. De hecho, indican que estos impuestos, o tasas, solo consideran el efecto en los gigantes tecnológicos, pero no se fijan en compañías medianas que se verían igualmente afectadas y podrían ver hundido su crecimiento y expansión.

Del mismo modo, estas compañías señalan que la economía digital es la parte más dinámica y de más rápido crecimiento de la economía que impulsará la prosperidad futura en Europa. En este sentido, también piden estabilidad y seguridad ya que se sienten en el ojo del huracán desde mayo, cuatro meses en que todo han sido anuncios y no se ha producido ningún movimiento parlamentario concreto.