Al Gobierno de Sánchez se le ha enquistado la ‘guerra del taxi’ y no va a tener fácil buscar una solución satisfactoria para todas las partes. Los taxistas desconfían de las intenciones del Gobierno y ya avisan de que sus protestas van a ir a más en las próximas horas, mientras que los dueños de las VTC (las licencias que usan Uber y Cabify) preparan sus argumentos para la reunión que van a mantener este martes en Fomento.

Se trata de un encuentro al que la patronal Unauto llega con la voluntad de escuchar, y en el que van a reiterar al Secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, que debe recuperar el control de las calles. Exigirán, en definitiva, protección para los más de 15.000 trabajadores a los que emplean y que estos días se ven acosados por los huelguistas más radicales.

Aunque en público se habla de tranquilidad y compás de espera hasta conocer exactamente las intenciones del Gobierno, la sensación cuando se habla en privado es de estupefacción. Las fuentes consultadas por este diario dudan mucho que se puedan llevar a cabo las promesas efectuadas a los taxistas este lunes en la reunión que han mantenido. 

El ratio 1/30

¿Cómo piensa hacer que se cumpla el ratio de 1 VTC por cada 30 licencias de taxi? Es la pregunta del millón entre el sector, sobre todo porque los tribunales deben decidir todavía sobre 9.000 licencias que fueron solicitadas entre 2009 y 2015 antes de que el Gobierno Rajoy cambiara la norma para recuperar el 1/30. “Las leyes en este país no tienen carácter retroactivo”, recuerdan, por lo que piensan que va a tener muy complicado tender a ello.

Ese punto es el más importante para los taxistas, y el más difícil de cumplir para el Gobierno. Un cambio de la norma supondría poner en duda la decisión de los jueces, pero también ‘barrer’ del mercado cerca de 7.000 licencias que ya operan o han sido concedidas, por lo que habría un aluvión de demandas.

Además, suponiendo que se pudiera poner en marcha, habría que proceder a indemnizar a los afectados con un dinero que tendría que salir del erario público. Otra opción, que también saldría del bolsillo del ciudadano, es la de que el Ejecutivo comprara directamente las licencias a los afectados a un precio lo más cercano posible al del mercado.

Tampoco termina de convencer en el sector de las VTC la posibilidad de que se puedan transferir las competencias en Transporte a las Comunidades y que, a su vez, los Ayuntamientos puedan crear su propia licencia urbana para limitar a los coches de Uber y Cabify, una propuesta que se va a trasladar a las Autonomías el próximo miércoles en la Conferencia Sectorial que se celebrará en Madrid. 

Esa reforma prometida a los taxistas supone en la práctica legitimar de un plumazo el reglamento de Ada Colau para echar de las calles de Barcelona a las dos multinacionales. Se da la circunstancia de que la norma que está suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los daños que podría suponer su aplicación hasta que no esté claro si se ajusta o no a la Ley.

Algunas de las personas con las que este diario ha hablado no ponen en duda que el traslado de competencias se pueda llevar a cabo. Sí cuestionan que se pueda limitar el número de coches con licencia VTC que pueden operar en cada ciudad, básicamente porque es el mismo problema que se estudia ahora en Barcelona.

El taxi también molesto

A la vista de todo esto la conclusión que hay en el sector es que el Gobierno trata de ganar tiempo, dar una patada hacia adelante y comprar la paz del taxi a sabiendas de que no va a poder cumplir.

Una sospecha que empiezan a tener también en el sector del taxi con el que se reunía este lunes el Gobierno. Horas después del encuentro, digerida la reunión y analizadas las palabras del Secretario de Estado, algunas asociaciones piensan que les han vuelto a tomar el pelo. La huelga va a seguir y se empiezan a plantear nuevas acciones de protesta, así que parece que a este conflicto le quedan todavía muchos kilómetros por recorrer.