El Tribunal Supremo se prepara ya para decidir sobre el futuro del sector del taxi y las VTC. Valora los argumentos de las partes acerca de las limitaciones impuestas por el ministerio de Fomento al acceso a las VTC en 2015, y que fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como por Uber y Cabify.

Una decisión que marcará el futuro de las relaciones entre taxistas y VTCs, y que determinará también el marco en el que se moverá la legislación a futuro de cara a próximas inversiones por parte de futuros operadores.

El abogado de la CNMC ha sostenido que la limitación de una licencia VTC (las que usan Uber y Cabify) por cada 30 de taxi supone “una prohibición ‘de facto’ de acceso al desarrollo de la actividad” para explotar una VTC.

A su juicio el mantenimiento de ese ratio extendería en el tiempo esa “limitación” a la actividad “a saber durante cuántos años”. Considera, además, que “no hay un análisis de proporcionalidad que permita validar esa restricción cuantitativa.

No hubo daño

Y asegura que, desde la puesta en marcha de la  Ley Ómnibus en 2009 (que liberaliza la entrada a las VTC), “no hay constancia de que la actividad del taxi se haya resentido” hasta que entró en vigor la actual normativa aprobada por Fomento en el año 2015.

El letrado de la CNMC asegura que, según los datos del propio Ministerio, “en esos años las licencias aumentaron un 2,5%, equivalente al de los seis años anteriores”. 

Argumentos que no convencen al sector del taxi, que acusa al organismo que lidera Marín Quemada de estar del lado de plataformas como Uber y Cabify. Sin embargo, el letrado de Competencia ha explicado a los magistrados del Supremo que su intención al recurrir la normativa de Fomento “no es el ataque al taxi ni desregular las VTC sino regular el acceso a una actividad económica.

Desde Uber, por su parte, el letrado ha asegurado que los “servicios del taxi no son un servicio público, ya que si lo fuera estaría reservada al Estado y las licencias serían títulos concesionales”. Todo un ataque en la línea de flotación de quienes sostienen que el taxi debe verse protegido por el carácter de servicio público que tiene.

Cabify, por su lado

Cabify, por su parte, se ha desmarcado de la liberalización plena que exige una parte del sector. Su abogado ha recordado que las restricciones no cumplen con la proporcionalidad que exige la Ley de Unidad de Mercado.

Pero no sólo eso, es que asegura que “las empresas de VTC han tenido que desplazar sus vehículos entre Autonomías para cubrir la demanda en algunos momentos”.

Es decir, deja entrever que existe una demanda por parte de la ciudadanía para que haya un mayor número de vehículos de este tipo, y considera que “debe decretarse la ilegalidad” del ratio 1/30 y se ajuste a otro que “cumpla con el objetivo de adaptarse a la actual situación de demanda”.

Y es que en su haber están cientos de licencias de VTC que en el mercado secundario tienen un elevado precio y, si se liberalizara por completo, perderían su valor. Algo en lo que, por cierto, también está de acuerdo la patronal Unauto, quien no ha recurrido la limitación del 1/30. 

La postura de Fomento

En la bancada contraria se ha situado el Abogado del Estado, que defiende al Ministerio de Fomento y el Reglamento de Ordenación del Transporte en el que se fijan las limitaciones al a VTC.

A su juicio, la limitación del 1/30 es “una norma de techo y de garantía. No una restricción”. De hecho, sostiene que “las Comunidades y los Ayuntamientos pueden reducirlo. ¿Por qué no puede ser 1 a 1? Lo que nunca podrá ser es 1/31”, sentencia.

Más duros han sido desde Fedetaxi. Consideran que tanto Uber como Cabify quieren “hacer política de transportes” desde un Real Decreto, algo que no es posible dado que eso “corresponde al Gobierno”.

De hecho, en el entorno de las empresas se da por hecho además que el Gobierno lanzará esta semana o la próxima un Real Decreto para cimentar el sistema de una licencia VTC por cada 30 de taxis. Pero está por ver que salga adelante, porque supondría adelantarse a la sentencia del Supremo.

Además, Fedetaxi ha insistido en que deben ser los Ayuntamientos y las Autonomías quienes modulen la concesión de licencias en función de sus necesidades. “El 1/30 no cierra el mercado. Es una cuestión de máximos”, ha sostenido el letrado. 

Por último, ha insistido en que “dentro del sistema de transporte el taxi es complementario al autobús y las VTC un servicio auxiliar que no complementa”.