La Junta Única de Resolución (JUR), el órgano de la UE que finiquitó el pasado junio al Banco Popular, sigue convencida de que su decisión fue la correcta, pese a las decenas de demandas que ha motivado ante la justicia europea, española e incluso estadounidense. Y confía en que no tendrá que compensar a los accionistas y bonistas subordinados que perdieron su inversión. Así lo ha dicho este jueves la presidenta de la JUR, la alemana Elke König, que espera que el nuevo informe de Deloitte sobre las posibles compensaciones esté listo en cuestión "de meses o semanas".
"Estamos esperando de forma impaciente", ha dicho König sobre este segundo informe de Deloitte, la misma consultora que realizó el polémico informe de valoración del Popular que sirvió de base para su liquidación y venta por un euro al Santander. En este segundo estudio, Deloitte tiene que determinar si la intervención de Bruselas provocó más pérdidas a los inversores que si se hubieran aplicado las reglas de insolvencia nacionales en España. Es la primera vez que que hace un cálculo de este tipo y por eso sus resultados se han retrasado. La JUR dijo en un primer momento que se publicaría en el primer trimestre de 2018 y ahora habla del mes de abril.
"Me parece muy improbable que la insolvencia hubiera sido un mejor resultado que la venta del banco", ha insistido la presidenta de la JUR. Por eso confía en que el informe de Deloitte concluirá que no hay que indemnizar a los inversores. Pero si el diagnóstico es el contrario, "la legislación prevé que los bonistas y los accionistas tendrían derecho a compensación, que vendría del Fondo Único de Resolución", el fondo de la UE para crisis bancarias prefinanciado por las propias entidades, admite König.
Un centenar de demandas ante el TJUE
A su juicio, no es sorprendente que la JUR haya sido objeto de un centenar de demandas ante el Tribunal de Justicia de la UE por la liquidación del Popular, o que haya también multitud de casos en España. Es lógico que los accionistas y bonistas que han perdido su dinero, en particular los grandes inversores institucionales, recurran a la justicia para tratar de mejorar su posición. Sin embargo, König está convencida de que los tribunales le darán la razón.
"Tenemos confianza en la decisión que tomamos. Hay que tener en cuenta que (el Popular) era un banco importante en España, no un pequeña entidad, que preservamos la estabilidad financiera y que no se tocó a los depositantes ni a los bonitas sénior, lo que me parece un logro importante", ha resaltado la presidenta de la JUR.
Pese a que la liquidación del Popular se hizo "sin problemas", la JUR ve necesario sacar lecciones de cara al futuro, sobre todo si en casos similares no aparece ningún comprador con el Santander. En su opinión, es necesario mejorar la cooperación con el Banco Central Europeo y la Comisión con el fin de tener toda la información en poco tiempo. Y los bancos deben invertir más en infraestructura tecnológica que permita dar todos los datos necesarios para una liquidación de forma inmediata.
La liquidación de bancos y el brexit
En su rueda de prensa de balance anual de la actividad de la JUR, König ha explicado que está avisando a todos los bancos europeos de que deben prepararse para las consecuencias que tendrá el brexit, también en materia de resolución y liquidación. Las entidades de la UE tienen ahora alrededor de 100.000 millones de euros en bonos emitidos en Londres, un capital que ahora computa como colchón para absorber pérdidas en caso de crisis bancaria. Pero que podría dejar de ser elegible tras el brexit, dado que Reino Unido quedará fuera de la legislación comunitaria en materia de liquidación.
Este problema afecta a los bancos de todos los grandes Estados miembros, como Alemania, Italia, Francia o España, dado que Londres es el principal mercado de capitales de la UE. La JUR está comunicando a las entidades que deben prepararse en caso de que no se encuentre una solución en el marco del acuerdo de divorcio entre Bruselas y Reino Unido. Una solución podría ser introducir en los bonos nuevas cláusulas de forma retroactiva, lo que exige un acuerdo con los acreedores. O esperar para hacerlo a su vencimiento, ya que su duración media es de cuatro años.