Este lunes expiró el plazo para remitir propuestas al Gobierno en el marco de la consulta pública abierta para diseñar el plan y el calendario del segundo dividendo digital. El proceso ya está en marcha y el objetivo ahora es incorporar las sugerencias al documento que está elaborando la Secretaría de Estado de Agenda Digital dirigida por José María Lassalle. Pese a ello, el organismo dependiente del Ministerio de Energía no se pone plazos en la elaboración ni la puesta en marcha de este dividendo.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con fuentes de esta secretaría, la idea es tenerlo cuanto antes pero “sin prisas”. En junio de 2020 expira el plazo para la migración de las frecuencias de televisión a la nueva banda de 470-694 MHz y así posibilitar el uso del espectro de 700 MHz por parte de la tecnología 5G. En esta línea, el único plazo ha sido impuesto por Bruselas expira el 30 de junio, fecha en que España -y el resto de países europeos- deben presentar su proyecto de dividendo digital.

Unos plazos compatibles con la hoja de ruta del Gobierno. Según han indicado desde Agenda Digital a este periódico, durante este año las tres principales prioridades son resolver la primera parte de las adjudicaciones de las licencias de 5G, luego asegurarse el correcto cumplimento del plan de implantación de banda ancha en zonas rurales adjudicado a comienzos de este año y, finalmente, poner en marcha la hoja de ruta del dividendo digital.

Las televisiones piden "tiempo suficiente"

En este último punto se estima que hay tiempo, por lo que, pesar de que se presentará el plan a Bruselas antes del 30 de junio, el calendario se pondrá en marcha de manera progresiva a partir del segundo semestre. En el sector de la televisión existe confianza en que el Gobierno avance dando los plazos adecuados, pero piden que no cometa los errores del primer dividendo, donde -consideran- todo se hizo sin las previsiones adecuadas.

La migración a una nueva frecuencia implica resintonizar nuevamente los televisores y adaptar las antenas en algunos casos. Para ello es necesario definir las fases de implantación, el coste económico, prever cómo los usuarios se verán afectados y evaluar la puesta en marcha de ayudas. Uteca, la patronal de las televisiones, ya ha pedido que esta hoja de ruta “disponga del tiempo suficiente para poder dar sus mejores frutos”.

Pero antes, Moncloa quiere resolver la adjudicación de las licencias de 5G, su primera prioridad para este año, según han dicho a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigido por Álvaro Nadal. Para ello, la primera subasta se anunciaría durante el Mobile World Congress que comienza la próxima semana.

Subasta de 5G en junio de 2019

El objetivo es poner en marcha la adjudicación de las frecuencias de las bandas de 3,5 GHz y de 1,5 GHz. Estas adjudicaciones ayudarán a los operadores de telecomunicaciones a probar las prestaciones de la nueva banda ancha móvil que se instaurará oficialmente a partir de 2020.

Los usos de estas frecuencias se dirigirán a actividades industriales, transporte, sanitario y urbanísticos, pero no a usuarios domésticos de manera directa. Para esto, y para desplegar las redes de ultravelocidad en móviles domésticos, se espera la adjudicación de la frecuencia de 700 MHz, la que deben liberar las televisiones y cuya subasta se espera para mediados de 2019.

En cualquier caso, antes el Gobierno también tiene previsto que se anuncie un paquete de ayudas para realizar proyectos piloto sobre esta tecnología en la línea del segundo objetivo en la hoja de ruta de la Secretaría de Estado de Agenda Digital: la llegada de banda ancha (NGA) a las zonas rurales.

Banda ancha en zonas rurales

En enero se adjudicó el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), que consiste en el despliegue de la fibra en zonas no rentables y que este año se han centrado en proyectos de fibra con una velocidad mínima de 100 Megabits por segundo.

Se han resuelto favorablemente 138 presentadas por 33 operadores que totalizan unas inversiones de 169,48 millones de euros, de los que 104,9 millones se financiarán con cargo a las arcas públicas.

La idea de Moncloa es supervisar esta implantación, aunque tardará al menos dos años en cristalizar. El compromiso del Gobierno es llevar la fibra al 85% de la población, y su llegada a zonas rurales es la clave para conseguir esta meta.

Posteriormente, y ya con una red rural más reforzada y con las frecuencias adjudicadas se procederá a la liberación de la banda de 700 MHz, y por tanto, se echará a andar oficialmente el segundo dividendo digital. Probablemente, los primeros pasos se comiencen a dar antes de final de año aunque en verano se conozcan los plazos y los pasos a seguir.