La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra en el punto de mira de los inversores internacionales. Protagonismo no buscado, fruto del requerimiento de Fomento y Energía para que reconsidere su decisión de no obligar a Atlantia a pedir autorización al Gobierno en la OPA sobre Abertis.

Por el momento la CNMV se ha dado el plazo de un mes para responder al Ejecutivo. Sin embargo, sólo tiene dos opciones: ratificar su decisión y permitir que el proceso siga adelante; o enmendarse a sí misma y obligar a los italianos a solicitar al Gobierno su permiso para seguir adelante.

Una decisión de la que no sólo están pendientes los oferentes, la propia Abertis y sus accionistas; también lo están buena parte de los inversores internacionales con intereses -o con la mira puesta- en alguna compañía española. Temen que un cambio de opinión abra la puerta a un punto de inseguridad jurídica que ponga en cuestión en qué momento se debe, o no, solicitar autorizaciones al Gobierno.

¿Independiente?

Algunos inversores consultados por EL ESPAÑOL aseguran que la CNMV está entre la espada y la pared, porque si se enmienda será malo, pero si no da la razón al Gobierno, podría enfrentarse al Ejecutivo (o al menos a parte de él). Además de poner en cuestión la independencia del regulador.

La espera por tanto será larga, aunque también es cierto que hay división de opiniones sobre quién tiene razón o no en este caso. Básicamente la de aquellos que consideran que en un libre mercado no debe hacer falta solicitar autorización, y la de quienes sí creen que en un sector como el de las autopistas de peaje debe pedirse permiso al Ejecutivo. Algo que sí hizo la oferta de Hochtief.

La decisión de la CNMV será importante no sólo por la imagen que se pueda trasladar al mercado; también por los plazos de la OPA sobre Abertis. Hasta que no haya un resultado definitivo, no se puede seguir avanzando en el proceso. Esto provoca que tanto la oferta de la italiana como la de Hochtief queden en suspenso.

La postura del Gobierno

Todo ello si el Gobierno no opta por plantear un contencioso-administrativo, algo de lo que por ahora se niegan a hablar; aunque en el entorno de los ministerios insisten una y otra vez en que el requerimiento enviado a CNMV es el paso previo a esa medida. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que su intención ahora mismo es dar tiempo a que la CNMV tome sus decisiones, antes de dar en un paso más en la pelea.

En los cuarteles generales de Atlantia hay tranquilidad. Se niegan a hacer comentarios, aunque en los últimos días han mostrado en varios comunicados su voluntad de “dialogar” con el Gobierno. Esto no significa que se planteen plegarse a su voluntad; ni siquiera saben todavía si llegarán o no a los tribunales en caso de que la CNMV cambiara de opinión.

¿Qué hay detrás de la postura del Gobierno? No ha sentado nada bien que Atlantia no haya solicitado su autorización; pero al mismo tiempo considera que debe ‘defender’ varios sectores estratégicos para el país: autopistas de peaje e Hispasat (sobre la que Red Eléctrica ya ha mostrado su interés).

Endesa y Autostrade

En la memoria del Ejecutivo -y en la de Álvaro Nadal, ministro de Energía- están todavía dos grandes enfrentamientos con el Gobierno italiano. El primero de ellos es la tan traída OPA de Enel sobre Endesa en 2007. Una operación en la que los italianos iban de la mano de Acciona; pero que 18 meses después se rompió porque Enel compró el los títulos de la compañía española y se hizo con el 92% de las acciones de Endesa.

No es la única afrenta que el Gobierno tiene en cuenta. También está sobre la mesa la frustrada fusión entre Abertis y Autostrade en 2006. Un acuerdo que contaba con el beneplácito de los consejos de administración, las juntas de accionistas y la Comisión Europea.

En aquel entonces el gobierno italiano -con Romano Prodi a la cabeza- decidió oponerse a la fusión. ¿Entre los motivos? Conflictos de intereses entre los accionistas de Abertis, pero también decidió emitir un decreto ley que modificaba los contratos relativos a las concesiones de las carreteras de peaje y cambiar la dinámica de las concesiones de Autostrade.