El procedimiento se inició en diciembre de 2016, tras la recepción de 352 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo, según ha informado el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Con este son ya ocho los expedientes sancionadores a entidades bancarias resueltos por el Consejo de Gobierno en lo que va de año, con casi 11,5 millones de euros por las infracciones y el comiso de las cantidades indebidamente cobradas.

La sanción impuesta a Caixabank incluye 380.000 euros por una infracción muy grave y otra grave contra la legislación vigente de defensa de los consumidores.

Además, se acuerda el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en 1.997.182 euros.

La infracción calificada como muy grave, sancionada con 350.000 euros, se deriva de la falta de información de prestación de servicio, pues en un gran número de las denuncias analizadas se comprobó que la entidad no había aportado los datos precontractuales que son obligatorios o los había facilitado defectuosamente, tanto en el contenido como en la forma y en el plazo.

Por su parte, el incumplimiento de las medidas y requerimientos realizados por la Administración a la entidad en relación con estas prácticas ha sido calificado como infracción grave.