La investigación se inició en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los políticos sobornados.

En el texto de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal acusa a Torres y a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno del país entre 2008 y 2011, cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa.

A través de tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) --también querelladas por estos delitos--, los responsables de Duro Felguera entregaron, al menos, 105,62 millones de dólares (89,08 millones de euros) al entonces miembro del Gobierno de Hugo Chávez Nervis Villalobos, otro querellado, para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía.

La empresa española firmó en 2009 un contrato con la venezolana C. A. Electricidad de Caracas (EDC), empresa pública filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros.

El proyecto se enmarcaba dentro de los planes de la Administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia. En ese momento, el presidente de EDC era Javier Alvarado Ochoa, también querellado, quien ocupó el cargo hasta que en 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico.

Dos de los tres contratos denunciados por Anticorrupción fueron firmados el 3 de diciembre de 2008 en Caracas entre Técnicas Reunidas Terca y Duro Felguera, y en ellos intervinieron el venezolano Luis Barrios Melean y Francisco Martín Morales de Castilla (representando a Duro Felguera), también querellados.

Se trataba de contratos con EDC, para los que Terca prestaría a Duro Felguera sus servicios de asesoramiento, por 25 millones de dólares (21 millones de euros) y 53,9 millones de dólares (45,4 millones de euros), respectivamente.

UN TERCER CONTRATO FICTICIO

El tercer contrato del que se tiene constancia se firmó el 12 de abril de 2011 entre Duro Felguera, Técnicas Reunidas Terca e Ingespre, en el que Barrios cede su posición a favor de Villalobos sin recibir indemnización alguna --ya habían transcurrido los cuatro años de incompatibilidad que impedían a Villalobos aparecer formalmente en estos contratos por haber desempeñado el cargo de viceministro de Energía hasta 2006, por lo que la Fiscalía considera a Barrios un "testafero" de este--.

El contrato establece que, debido a la imposibilidad por parte de Técnicas Reunidas Terca de continuar prestando los servicios acordados según el acuerdo firmado el 3 de agosto de 2008 con Duro Felguera, se cede en su totalidad dicho contrato de arrendamiento de servicios a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, transfiriéndose todas las obligaciones y derechos estipulados en el mismo.

Anticorrupción resalta que existen "varios elementos" que permiten concluir que este contrato "fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villalobos para conseguir favores e influencias ante las autoridades venezolanas".

En concreto, señala que las condiciones del contrato "no fueron cumplidas", ya que "no existe documentación que deje constancia de que Nervis Villalobos remitiera los documentos exigidos en el contrato y, por lo tanto, tampoco existe constancia de que Duro Felguera comprobara que Ingespre cumpliera las condiciones exigidas en el contrato de cesión", asegura.

Con el objeto de aflorar las ganancias procedentes de estas actividades delictivas, Anticorrupción apunta que Villalobos compró un inmueble en La Moraleja (Madrid), mediante una hipoteca con Banco de Madrid, por valor de 2,6 millones de euros, y transfirió dos millones de dólares a la sociedad Auyantepuy, cuyo beneficiario final era el propio Villalobos.

Además de los ya mencionados, han sido también querellados Milagros Coromoto Torres Morán (cónyuge de Villalobos), y Julia Van Den Brule, consultora jurídica adjunta del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela.