Un grupo de grandes bonistas del Popular, que han perdido alrededor de 850 millones de euros con la liquidación del banco y su venta por un euro al Banco Santander, prepara contra reloj demandas contra la Junta Única de Resolución de la UE y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en busca de compensaciones.

Los bonistas -entre los que se encuentran PIMPCO (en nombre de varios fondos), Anchorage, Algebris o Ronit Capital- alegarán que fueron las filtraciones de la JUR sobre el Popular las que provocaron el pánico bancario que desembocó en la intervención de la entidad, según explican fuentes próximas al caso. Por eso le correspondería a la Junta y también al FROB, como brazo ejecutor, pagar las indemnizaciones. 

"Ha habido una vulneración de la obligación de secreto profesional por parte de la JUR, que ha sido la causa principal del deterioro financiero del banco, ya que produjo una fuga de depósitos, lo que en última instancia desembocó en la intervención de las autoridades de resolución", explican las fuentes consultadas. "La propia Junta Único de Resolución fue la causa principal de los problemas de liquidez del Popular", resaltan.

En concreto, los acreedores censuran una entrevista que la presidenta de la JUR, la alemana Elke König, dio a la agencia financiera Bloomberg el pasado 23 de mayo. Allí se refirió explícitamente al Popular como una entidad que estaba en su punto de mira. Al día siguiente, las acciones cayeron un 3,6%. Además, el 31 de mayo, la agencia Reuters publicó una información con fuentes anónimas según la cual König había enviado una "alerta temprana" sobre la entidad de Saracho. Los títulos del Popular se desplomaron entonces un 18%.

En una comparecencia en la Eurocámara la semana pasada, König mostró su disgusto por la filtración a Reuters, aseguró que ella no era la fuente y dijo que su equipo lo estaba investigando. Pero negó que la JUR hubiera tenido ningún papel en el pánico financiero del Popular. Es más, la Junta ha culpado a la prensa de la fuga de depósitos.

El informe de Deloitte, clave

El despacho de abogados que representa a los grandes bonistas, Quinn Emanuel, se afanan ahora en recopilar todos los documentos en los que se basó la resolución del banco dirigido por Emilio Saracho. En particular, reclama que se haga público el informe clave de la consultora Deloitte. El estudio otorgaba al Popular un valor de entre 2.000 y 8.200 euros negativos, según ha revelado el FROB.

En su comparecencia ante la Eurocámara, König no aclaró si el informe de Deloitte incluye una tercera valoración de 1.500 millones de euros en positivo. Y se negó a hacerlo público, pese a que así lo ha pedido incluso el ministro de Economía, Luis de Guindos, alegando que contiene una gran cantidad de secretos empresariales. Un argumento que no convence a los grandes bonistas, que consideran que la JUR no está siendo lo suficientemente transparente sobre la liquidación del Popular.

De concretarse, las demandas de los grandes bonistas se presentarán tanto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como ante la justicia española. Consideran que el recurso debe dirigirse no sólo contra la JUR sino también contra el FROB, porque fue el brazo ejecutor de la resolución del banco y su adjudicación por un euro al Santander.

Los plazos apremian. Los demandantes tienen de tiempo hasta el 17 de agosto para recurrir ante el TJUE la decisión de la JUR, mientras que la querella contra el FROB ante la justicia española puede presentarse como muy tarde a principios de septiembre, según las fuentes consultas. Este grupo no descarta actuar en el futuro contra el equipo directivo del Popular, pero de momento se centra en la JUR y el FROB para que no caduquen los plazos legales.