La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha sancionado a Distribuidora de Televisión Digital (DTS) con 661.796 euros por incumplir con la obligación de financiar obras audiovisuales europeas en el año 2014. En mayo de ese año Telefónica compró a Prisa la operadora de televisión de pago Sogecable, posteriormente rebautizada como Movistar+.

Según la CNMC, este hecho supone una infracción muy grave de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Además, se requiere a la televisión para que invierta en la producción de obras europeas, antes de que acabe del ejercicio 2019, 7,4 millones de euros (por ser el déficit de financiación por ese concepto), de los cuales 1,3 millones corresponden a la producción de películas cinematográficas de cualquier género.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación.

212 millones para financiar cine europeo

En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%. El 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España. Contra esta decisión, DTS podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses.

En enero, la CNMC publicó su anuario de financiación de cine y producciones europeas revelando que las televisiones pagaron 212,63 millones de euros en 2014, un 12,8% más respecto al año anterior. Esta financiación se produjo pese a que las televisiones redujeron en un 10% sus ingresos durante este periodo.

Mediaset invirtió 55,7 millones en 2014

Mediaset destinó 55,7 millones de euros, RTVE con 48,7 millones y Atresmedia 41,07 millones. Por sectores, el cine se llevó 86,44 millones, mientras que las series -en lengua española- se quedaron con 79,78 millones, casi el 38% de la inversión total.

Las televisiones privadas consideran que esta tasa no tiene sentido en el mercado actual. Desde Uteca, la patronal de las privadas, se exige el fin de la tasa y “libertad de actuación” en este apartado obedeciendo estrictamente a criterios de rentabilidad.

No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) dictaba en marzo de 2016 un fallo indicando que es constitucional este reglamento que establece que las televisiones privadas tienen que destinar un 5% de sus ingresos a financiar cine español y europeo. La medida había sido recurrida por las televisiones privadas.