Pese a la aprobación en el Congreso del real decreto para liberalizar el sector de la estiba, España no se salva del castigo de la Unión Europea. El Gobierno de Mariano Rajoy deberá pagar una multa de 24 millones de euros por haber tardado dos años y medio en realizar la reforma tras la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), según ha confirmado este viernes la Comisión Europea.

La sanción no significa que Bruselas esté descontenta con la reforma convalidada este jueves. Muy al contrario: la liberalización de la estiba ha sido muy bien recibida en la UE pese a las protestas de trabajadores y patronal. El Ejecutivo comunitario considera que España cumple por fin el fallo del TJUE de 2014, que declaró ilegal el régimen laboral de los puertos españoles.

"La reforma resuelve las restricciones a la libertad de establecimiento de los operadores portuarios identificadas por el Tribunal", ha resaltado el portavoz de Transportes, Enrico Brivio. Y además "contribuirá a la competitividad de los puertos españolas y ofrece un nivel adecuado de protección a los estibadores", ha agregado.

Mucho retraso en la reforma

Ahora, Bruselas notificará formalmente al TJUE "que esta reforma cumple su sentencia". Pero eso no quiere decir que le perdone la multa por el enorme retraso acumulado, sino que su importe no seguirá aumentando. "La Comisión no va a pedir al Tribunal que condone la sanción a España. Eso sería dar incentivos a los Estados miembros para que esperen al último minuto antes de cumplir las normas y los fallos europeos", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario no quiere dejar pasar el prolongado incumplimiento de España. El primer aviso de infracción llegó hace más de 5 años, el 25 de noviembre de 2011. La sentencia condenatoria del TJUE data de diciembre de 2014. Y Bruselas introdujo su petición de sanciones en julio del año pasado: 27.522 euros por cada día de incumplimiento transcurrido desde el fallo de 2014 y una sanción reforzada de 134.107 euros diarios si había una segunda sentencia condenatoria.

La Comisión paró el reloj el pasado 12 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el segundo real decreto de liberalización de la estiba. En ese momento, la multa acumulada ascendía a alrededor de 24 millones. "España tendrá que pagar la primera multa de 24 millones", explican las fuentes consultadas. Pero se libra de una segunda sanción reforzada.

El importe definitivo de la sanción se conocerá cuando el Tribunal de Justicia de Luxemburgo haga pública su segunda sentencia, que se espera para antes de la pausa veraniega.