El pasado 20 de febrero Emilio Saracho era nombrado presidente de Banco Popular con el apoyo de un 98% de los accionistas en una junta extraordinaria para votar su nombramiento. Este lunes tiene que enfrentarse, en su primera junta general, a los mismos accionistas que deben refrendar las cuentas de 2016 y que podrán oír por primera vez las líneas maestras del banquero.
En algo más de un mes al frente del banco, Saracho ha abierto nuevos frentes que se suman a los que ya tenía el propio banco. La calma que se podría esperar tras la llegada del banquero de la City no ha sido tal y la cotización de Banco Popular así lo refleja. Desde que tomara posesión formal de su cargo hace dos meses, las acciones del grupo ceden un 4% y se mueven con dificultad por encima de los 0,8 euros.
FALTA DE PROVISIONES Y POSIBLE REVISIÓN DE CUENTAS
Sin duda un tema que se abordará en la junta de accionistas y que es uno de los frentes más importantes que tiene Saracho ahora mismo sobre su mesa es la auditoria conocida el pasado lunes. Según explicó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el auditor PWC detectó una falta de provisiones en ejercicios anteriores a 2015, la obligación de revisar algunas garantías de créditos dudosos y la necesidad de ajustes contables relacionados con los créditos concedidos a algunos accionistas para acudir a la ampliación de mayo de 2016.
En total, una factura de 854 millones de euros que tendría ¿escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016, aunque sí afectaría al patrimonio neto¿. Y afectaría también a la previsión de beneficios del actual ejercicio, que según cálculos de EFE deberá restar unos 550 millones de euros de sus resultados de 2017. Antes de conocerse esta información, Goldman Sachs estimaba que el banco podría ganar en 2016 unos 650 millones de euros, que de cumplirse la previsión de EFE se vería reducido a unos 100 millones.
Un frente complicado para Saracho, ya que como avanzó INVERTIA podría permitir a algunos accionistas que hubieran acudido a la última ampliación de capital reclamar por la vía judicial. Según distintos expertos en la materia, se podría alegar que hubo falseamiento o falta de información, que no se conocía la imagen real del banco, cuando se acudió a la ampliación. Aquellos que acudieron acumulan unas minusvalías de en torno a un 30%. De hecho, diversos bufetes de abogados estadounidenses ya han anunciado que están estudiando el caso para presentar demandas.
En un primer momento se dijo que las cuentas de 2016 no se verían afectadas por esta falta de provisiones, pero fuentes de la entidad explicaron a EFE que las milmillonarias pérdidas del pasado año podrían crecer. En total, 124 millones de euros más que engrosarían los números rojos de 2016 hasta situarlos por encima de los 3.600 millones de euros. Una situación que podría comprometer al propio Saracho, ya que sería él quien debería firmar estas nuevas cuentas si hubiera que reformularlas.
Aunque quizás lo más peligroso son las dudas que ha despertado esta auditoría sobre la salud del sexto banco de España por tamaño. El propio Goldman Sachs, el mayor banco de inversión del mundo, se preguntaba esta semana en un detallado informe si ¿debemos esperar nuevas correcciones o reclasificaciones¿ en las cuentas del banco.
SE BUSCA NUEVO CONSEJERO DELEGADO
El nuevo frente que también apremia a Saracho es la elección de un nuevo consejero delegado. El pasado lunes, pocas horas después de conocerse la auditoría interna que detectó falta de provisiones y los créditos dados para acudir a la ampliación de mayo, el número dos del banco, Pedro Larena, presentaba su renuncia.
Algo habitual cuando llega un nuevo presidente que quiere rodearse de su gente de confianza, pero llamativo si se tiene en cuenta que Pedro Larena había sido ratificado consejero delegado en la misma junta general extraordinaria del pasado 20 de febrero. Y más, cuando el saliente CEO aterrizaba en Popular proveniente de Deutsche Bank el pasado verano tras un relevo exprés tras la destitución fulminante de Francisco Gómez.
El entonces presidente, y actualmente expresidente, de Banco Popular, Ángel Ron, llamaba a Larena para ejecutar su plan maestro: el proyecto Sunrise. Una sofisticada operación societaria que buscaba dar salida 15.000 millones de euros en activos procedentes del ladrillo en un vehículo de inversión que cotizaría en Bolsa. Una vía para drenar casi la mitad de los 35.000 millones de euros de exposición inmobiliaria que aún tiene el banco.
Seis meses después de su aterrizaje, Larena presenta su dimisión por ¿motivos personales¿. Una renuncia que llegaba el mismo día que se conocía una auditoria interna y pocas semanas después de que el presidente Saracho nombrara a Miguel Escrig adjunto a la presidencia. Un nombramiento que algunos analistas ven como la explicación a la salida del consejero delegado.
Se desconoce quién será el nuevo número dos y quizá en la junta de accionistas Saracho dé el nombre o los accionistas se interesen por el tema. Por el momento, solo ha trascendido a los medios el nombre de Ignacio Sánchez-Asiaín como posible recambio. Un banquero de largo recorrido que ha pasado por BBVA y BBK y que actualmente es consejero independiente en Abanca.
CLÁUSULAS SUELO Y CONVERTIBLES
Estos nuevos frentes se suman a los que ya tenía Banco Popular, sin contar el reto principal de la banca europea que es ser más rentables. Uno de esos frentes abiertos es el de las cláusulas suelo. El sexto banco del país es uno de los más afectados por este tipo de cláusula que fijaba un mínimo en los intereses a pagar en una hipoteca. Según reconoció la entidad, 120.000 afectados.
A diferencia de las nacionalizadas Bankia o BMN que están devolviendo de forma generalizada las cantidades cobradas de más tras considerarlas ilegales los tribunales, Popular estudiará uno a uno los casos que se reclamen, para cumplir con la obligación del Real Decreto aprobado por Guindos al respecto.
Hasta la fecha, Banco Popular tiene provisionados 579 millones para hacer frente a esta contingencia, 350 millones de euros que provisionó para las cláusulas suelo a partir de 2013 y 229 para aplicar la retroactividad total. Una cuantía que suponen el 90% del riesgo total máximo.
Un frente que parte se arreglará en la oficinas con acuerdos entre los afectados y el banco, pero que parte acudirá a los tribunales. Especialmente ahora cuando los bufetes especializados en este tipo de asuntos bancarios están llevando a cabo campañas en los medios de comunicación muy agresivas y cuyos emolumentos no son nada despreciables y en caso de ganar corren a cuenta del banco.
Los bonos convertibles que comercializó Banco Popular en 2009 y que supusieron fuertes minusvalías para los tenedores, perdieron un 80% de su valor, son el otro frente judicial de la entidad. Con unos 22.000 afectados, según reconoció en su momento el banco, unos 7.500 habrían llegado a un acuerdo con la entidad, pero aún quedan pendientes 14.500.
El banco estimo en 25 millones de euros el impacto financiero de los reveses judiciales que pudieran llegar de los tribunales, aunque la cifra que consiguió captar la emisión fue de 700 millones de euros.
El Tribunal Supremo dictaminó el pasado verano en la primera sentencia contras los bonos convertibles de Banco Popular que los particulares que compraran estos híbridos debían ser ¿expertos¿ en el mercado de valores.
El alto tribunal señaló que el tríptico de la emisión era de ¿difícil comprensión¿ y que el banco no informó adecuadamente a los clientes de los riesgos del producto. A este respecto, la CNMV multó a Banco Popular por una ¿infracción muy grave¿ por incumplir con sus deberes de informar a los clientes.
RATIOS DE CAPITAL
La otra faena que apremia a Saracho es reforzar las ratios de capital del banco para cumplir con los objetivos del BCE. Banco Popular cerró el ejercicio de 2016 con un nivel de capital de máxima calidad, el conocido como CET 1 fully loaded, del 8,17%, ligeramente por debajo de la media del sector que ronda el 10%. Pero tras la auditoría del pasado lunes y a la espera de las cifras oficiales, Goldman Sachs estima que esta ratio podría moverse ahora entre el 7,3% y el 7,6%.
Una fuerte caída que hace más complicado al nuevo presidente cumplir con lo que piden desde Fráncfort, que querrían que después del verano la situación estuviera estabilizada. De ahí, que como señalaba esta misma semana el consejero delegado de Evo Banco, Enrique Tellado, ¿Popular tiene todo a la venta¿.
Según se ha ido conociendo en las últimas semanas, TotalBank (filial estadounidense), Wizink (negocio de tarjetas y crédito al consumo), Targobank (entidad a medias con Crédit Mutuel), Banco Popular Portugal y la división de banca privada tendrían colgado el cartel de ¿se vende¿. Unas desinversiones que podrían aportar unos 2.000 millones de euros sacrificando en torno a un 10% de su beneficio.
Un dinero que el banquero podría destinar a generar hasta casi dos puntos de capital y que podría dejar a Popular al borde de un 10% de CET 1 fully loaded. Aunque BPI señaló recientemente que las necesidades de capital del banco podrían alcanzar los 4.200 millones de euros, de los que 1.300 podrían cubrirse con desinversiones y con la venta de autocartera y reducir hasta los 2.700 millones esas necesidades. Una falta de capital que los expertos creen solo podrá cubrirse con una nueva ampliación.
DRENAR LOS ACTIVOS IMPRODUCTIVOS
Junto con el frente de reforzar la posición del banco, en la gestión de la entidad está pendiente la reducción del balance de activos improductivos. Según distintos analistas, la exposición al ladrillo de Banco Popular rondaría los 35.000 millones de euros. Una vez abortado el proyecto Sunrise, según se desprende de las distintas informaciones, hay dudas de cómo podría drenar esa ingente cantidad de ladrillo.
La parte positiva es que actualmente el precio de los activos inmobiliarios acumula subidas en España, según los últimos datos conocidos de Eurostat creció un 4,4% en el último trimestre de 2016. Al haber retrasado la venta de estos activos, ahora el banco podría aprovecharse de este renovado apetito por el ladrillo.
Pero según han publicado algunos medios, la cosa no es tan sencilla. El Banco Central Europeo (BCE) habría presionado al Popular para que llevara a cabo un saneamiento inmediato de su balance, según informa El Mundo. Unas prisas que no siempre son buenas compañeras.
Muchos frentes se acumulan en la mesa del recién llegado a la presidencia de Banco Popular. Sin el margen de los 100 días que se da a todo político, Emilio Saracho tendrá que presidir este lunes una junta de accionistas que se prevé revuelta.