Fuentes conocedoras de los contactos mantenidos entre ambas partes han avanzado a Efe que la demanda se podría presentar en las próximas dos semanas, aunque la multinacional y el Gobierno colombiano mantienen una vía de diálogo abierta gracias a la intervención en el conflicto del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y del presidente de Gas Natural, Isidre Fainé.
En un comunicado, Gas Natural asegura que la decisión del Gobierno colombiano de liquidar Electricaribe, que llevaba intervenida desde mediados de noviembre, es "contraria al proceso de diálogo" abierto en los últimos meses con Colombia y "al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia", a la vez que "impacta negativamente" en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia ese país.
"La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la OCDE", sentencia la multinacional española.
Ante esta situación, "a Gas Natural no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia", remarca la multinacional.
En esta línea, las fuentes consultadas por Efe aseguran que la demanda ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, se está ultimando y que, mediante la vía del arbitraje internacional, Gas Natural buscará una indemnización "muy superior" al valor contable de Electricaribe, que es de 475 millones.
Hoy acababa el plazo de intervención de Electricaribe por parte del Gobierno colombiano, y a pesar de que se han multiplicado los contactos entre ambas partes, no ha sido posible finalmente un acuerdo.
Con todo, fuentes conocedoras de los contactos mantenidos en Colombia han precisado a Efe que ayer se produjo un encuentro privado entre el presidente de Gas Natural, Isidre Fainé, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. A pesar de que Fainé no tenía previsto viajar a Colombia, finalmente se desplazó al país para mantener una reunión con Santos que sirvió, según dichas fuentes, para abrir un diálogo directo entre la multinacional y el gobierno de ese país.
El encuentro sirvió para constatar que Gas Natural seguirá dispuesta a hacer inversiones importantes en infraestructuras en ese país si el Gobierno colombiano habilita a medio plazo un marco regulatorio que permita hacer frente al fraude y la morosidad en este sector.
En el comunicado, Gas Natural asegura que los problemas de fraude de esta compañía ascienden a 100 millones de euros anuales y recuerda que este problema y el de la morosidad tienen un impacto de 1.300 millones.
Gas Natural se muestra en este punto crítica con la administración colombiana y especialmente con la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, de la que dice que no ha tomado "las medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad".
La empresa española, con el 86 % del accionariado de Electricaribe, por un 14 % del Gobierno colombiano, tilda de "auténtica ocurrencia decir que la gestión del riesgo de fraude o impago está en manos de Electricaribe", y en este punto recuerda que se han interpuesto 16.000 denuncias por fraude en los últimos dos años y ha habido solo 85 condenas.
Electricaribe proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, y estaba intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre.
El Gobierno colombiano y las autoridades locales del país justificaron la intervención de Electricaribe por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de Gas Natural Fenosa, mientras que Gas Natural se quejaba de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada de elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, y sostenía que, en esas condiciones, no podía seguir invirtiendo.
A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que tenía provisionado el 83 % del importe de las facturas impagadas de Electricaribe, que por entonces ascendían a 1.259 millones.
En la nota, Gas Natural destaca también que entre 2011 y 2015 invirtió 255 millones en Electricaribe y añade que esa cantidad "podría haber sido tres veces mayor" de haber contado con medidas del gobierno para atajar los problemas de fraude e impago.