Un día después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aplazara el decreto para liberalizar el sector de la estiba, la Comisión Europea ha intervenido este jueves en el debate y ha dejado claro que es urgente que España apruebe la reforma y cumpla cuanto antes con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a suprimir las restricciones para contratar a trabajadores en los puertos.

El Ejecutivo comunitario mantiene contactos directos con el ministerio de Fomento sobre el contenido del decreto para garantizar que se ajusta a las normas de la UE, según ha explicado su portavoz, Margaritis Schinas. "Las discusiones están avanzadas y confío en que se encontrará una solución", ha dicho en rueda de prensa. 

"Las dos partes compartimos el objetivo de un sistema laboral en los puertos que sea compatible con la legislación comunitaria y garantice la competitividad de los puertos españoles, ofreciendo a la vez un nivel adecuado de protección a los trabajadores", ha subrayado el portavoz.

Bruselas no quiere hablar de plazos pero resalta que la liberalización de la estiba portuaria en España es apremiante. "Es necesario que la legislación española refleje el fallo del Tribunal de Justicia. Estoy seguro de que las autoridades españolas no quieren aprobar un decreto que no sea compatible con la legislación comunitaria", ha insistido Schinas.

Bruselas asesora a Fomento

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha decidido aplazar la aprobación de la reforma, que en principio estaba prevista para el Consejo de Ministros de este viernes, con el fin de dar más tiempo a los estibadores y a la patronal para negociar y evitar así la convocatoria inmediata de una huelga en los puertos españoles.

La Comisión ha asesorado al ministerio de Fomento durante la elaboración del decreto de liberalización de la estiba. Su presidente, Jean-Claude Juncker, quiere que la reforma cumpla las exigencias del fallo del TJUE para no tener que expedientar de nuevo a España en el futuro. Bruselas cree que el aplazamiento se debe al "politiqueo" que rodea a la negociación y apunta que el proceso está ahora en manos del Gobierno español.

Lo que está claro es que la reforma lleva mucho retraso. El fallo del Tribunal de Justicia que obliga a liberalizar la contratación de trabajadores portuarios data de diciembre de 2014. Ante la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy, Bruselas presentó una segunda denuncia ante el TJUE en la que pide que se impongan multas diarias a España por incumplir la primera sentencia.

El Gobierno todavía está a tiempo de evitar la sanción si notifica rápidamente la reforma a Bruselas. La Comisión podría cerrar el caso antes de que el Tribunal de Justicia haga pública su segunda sentencia. "Cuanto antes se comuniquen las reformas, más posibilidades hay de sortear las multas", explican fuentes comunitarias.