El debate sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña no sólo arrastra cuestiones medioambientales y energéticas. También esconde un aspecto económico y es relevante: las pérdidas que sus dos propietarios arrastran por el cierre de la instalaciones burgalesas, que ellas mismas decidieron en 2012. Endesa e Iberdrola, que controlan Garoña a través de la sociedad conjunta Nuclenor, acumulan un agujero de casi 450 millones a lo largo de estos cinco años.

Ellas mismas desgranan cómo han ido incrementando ese lastre. Endesa, en su presentación de resultados de 2015 incluyó “un impacto negativo de 58 millones de euros correspondiente a la participación del 50% en Nuclenor”. Este era consecuencia de “una provisión para cubrir el sobrecoste estimado en el que va a incurrir la compañía por el plazo adicional en la emisión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)” sobre la reapertura de Garoña. Ese mismo visto bueno que la central ha conseguido esta semana. Así, a esos 58 millones de Endesa se suman otros tantos de Iberdrola. Un año antes, en 2014, fue similar: 112 millones de euros en conjunto, a razón de 56 por cada empresa.

Es cierto que ambas empresas tuvieron un respiro en 2013, año que Nuclenor cerró en positivo, con un beneficio de 22,4 millones de euros. ¿Por qué tuvo beneficio la sociedad si Garoña ya estaba cerrada? La propia compañía gestora de la central lo explica en su memoria. Ese año, Nuclenor pudo anotarse a su favor más de 22,1 millones en concepto de impuestos diferidos. Si no hubiese podido hacerlo “en la situación de cese de actividad, el resultado económico de Santa María de Garoña hubiese reflejado unas pérdidas contables de 197.000 euros”, indica en la memoria remitida al Registro Mercantil.

De hecho, en 2012, el año que ambas empresas decidieron cerrar Garoña, que coincidió con la reforma energética del primer Gobierno de Rajoy, también hubo agujero. En ese ejercicio, Endesa se apuntó en su balance un impacto negativo de 60 millones (a los que Iberdrola le correspondieron otros tantos) por realizar “saneamientos sobre los activos” de la central nuclear burgalesa.

Y en 2016, aunque aún no hay cuentas de resultados publicadas, se va a continuar por esa misma senda, porque tanto Endesa como Iberdrola van a tener que contabilizar un impacto negativo en sus cuentas de entre 40 y 50 millones de euros cada una, según señalan fuentes próximas a Nuclenor.

200 millones más

Esos resultados negativos de Nuclenor a lo largo de estos años han obligado a las dos eléctricas a restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad participada. Y, si se vuelve abrir Garoña, tendrán que volver a tirar de talonario. La reapertura está condicionada a la realización de una serie de inversiones que garanticen la seguridad de la central. En principio, ronda los 200 millones de euros.

Si se invierten o no será decisión de Nuclenor que tendrá que solicitar formalmente la reapertura de Garoña tras el visto bueno del CSN. Pero queda otro paso antes, que el Gobierno esté de acuerdo. Ese movimiento depende del Ministerio de Energía, que tiene que desvelar su postura sobre la central a lo largo de los próximos seis meses.

Tampoco está claro que ambas eléctricas vayan a querer lo mismo. Este jueves, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, esquivó en un encuentro sobre el sector energético las preguntas de los medios sobre si su compañía tiene claro qué hacer con Garoña. “Hay que analizarlo en base a los elementos que se consideren necesarios para mantener la seguridad de la plaza adecuadamente (...). La seguridad es lo que es, sea lo que sea. Una vez valorado, decidiremos si es rentable o no”, apuntó.

Esa decisión a futuro contrasta con lo que dijo el presidente de Iberdrola la pasada primavera. Entonces trascendió una conversación con los sindicatos en la que aseguró que la central se iba a cerrar “por motivos económicos” y que, debido, a los costes que conlleva ese movimiento, “no se va a reabrir”.

¿Cuál es entonces el objetivo que persiguen las eléctricas al buscar el visto bueno a la reapertura de Garoña? Que tras la decisión del CSN se ha eliminado de facto el límite de 40 años de vida útil de las centrales.

El CSN entiende que pueden vivir 60 o más años y ya ha pedido al Gobierno que las otras cinco centrales nucleares que operan en España puedan prolongar su vida útil sin límite de tiempo. Hay que tener en cuenta que todas tiene cerca su fecha límite. La más próxima, Almaraz I, en Cáceres, que tendría que echar el cierre en 2020. La que lo tiene más lejos: Vandellós II, en Tarragona, en 2027.