El Gobierno se teme lo peor. Un aluvión de demandas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a las entidades financieras a devolver todo lo cobrado de más por cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios desde que estos se firmaron. Cerca de dos millones de afectados que podrían llegar a reclamar más de 4.000 millones de euros.

Aunque el Ejecutivo maniobró rápidamente y puso la necesidad de poner en marcha un código de buenas prácticas al que se acogieran los bancos para canalizar el pago de estas cantidades, las entidades financieras han declinado la oferta, con lo que la vía judicial parece abrirse camino sin remisión.

Ante la que se avecina, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado la necesidad de crear un sistema de resolución extrajudicial para evitar que los juzgados se colapsen.

Alternativa extrajudicial

"Vamos a trabajar para encontrar una alternativa extrajudicial porque me consta que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación y me consta también que las entidades financieras quieren resolver este asunto de manera rápida, ágil y sin necesidad de dilatar los tiempos en un proceso judicial", ha apuntado Catalá.

El Tribunal de Justicia de la UE falló el pasado mes de diciembre a favor de los perjudicados por las cláusulas suelo obligando a los bancos a devolver todo lo percibido no únicamente a partir de mayo de 2013, como pretendía el Supremo.

El borrador elaborado por el Gobierno exigía a los bancos demostrar que habían cumplido las condiciones establecidas por el Tribunal Supremo en 2013, de cara a demostrar que sus cláusulas eran transparentes.

Como se trata de un extremo que prácticamente ninguna entidad puso en marcha, la aplicación del código hubiera implicado que todas las cláusulas suelo eran nulas.