La Comisión de Ursula von der Leyen lanzará un expediente sancionador contra España por déficit excesivo el próximo mes de junio al superar el umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se trata de la primera consecuencia concreta de la reactivación de las reglas de disciplina fiscal, que estaban suspendidas desde el estallido de la pandemia de Covid-19 en 2020.

El primer paso para la apertura de este procedimiento sancionador lo ha dado este lunes Eurostat, la oficina estadística de la UE, que ha certificado que nuestro país cerró el año 2023 con un déficit del 3,6% del PIB, cifra que equivale a 53.159 millones de euros. España es el décimo Estado miembro con mayor saldo negativo de la UE, aunque se sitúa en la media de la eurozona.

En todo casó, el déficit se ha reducido 1,1 puntos respecto al desfase del 4,7% de 2022. El resultado es mejor que el 3,9% que el Gobierno de Pedro Sánchez había prometido a Bruselas. La vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que el déficit bajará al 3% este año.

El Ejecutivo comunitario ya había anunciado que esta primavera abrirá expedientes contra aquellos países que superen el umbral del 3%. Según los datos de Eurostat, son un total de 11. Además de España, se encuentran en la misma (o peor) situación Italia (7,4%) o Francia (5,5%). La fecha provisional marcada para hacerlo es el próximo 19 de junio, justo después de las elecciones europeas.

La apertura de un procedimiento sancionador por déficit excesivo significa someter las cuentas públicas de estos países a un control estricto, con informes cada seis meses sobre la situación presupuestaria.

El expediente obligará a estos Estados miembros a realizar un ajuste anual equivalente al 0,5% del PIB (equivalente a alrededor de 7.300 millones en el caso de España). No obstante, las nuevas reglas prevén un periodo transitorio en 2025, 2026 y 2027 durante el que la Comisión podría tener en cuenta el aumentode los pagos de intereses a la hora de calcular el esfuerzo de ajuste en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

Los incumplidores que no hagan los esfuerzos requeridos se enfrentan a un nuevo sistema de multas crecientes. La sanción en caso de incumplimiento ascendería a hasta el 0,05 % del PIB y se acumularía cada seis meses hasta que se adopten medidas efectivas. El procedimiento se cierra cuando Eurostat constata que el déficit del año anterior quedó por debajo del 3%.

Precisamente, el Parlamento Europeo vota en su último pleno de esta semana la reforma de las reglas de disciplina fiscal, que entrará en vigor próximamente. La reforma no cambia los fundamentos del procedimiento por déficit excesivo, pero sí obliga a los Estados miembros a presentar un plan plurianual de ajuste para el 15 de septiembre.

España ya estuvo sujeta a un prolongado expediente sancionador por déficit excesivo entre 2009 y 2019, coincidiendo con la crisis financiera y de deuda. En aquel momento, la UE estuvo a punto de imponer una multa sin precedentes de 2.000 millones de euros al Gobierno de Mariano Rajoy por no tomar medidas suficientes para corregir el desfase presupuestario, pero en el último minuto decidió rebajar a cero la sanción.

En 2023, todos los Estados miembros, excepto Chipre y Dinamarca (ambos con un superávit del 3,1%), Irlanda (1,7%) y Portugal (1,2%) registraron un saldo negativo en sus cuentas. Los mayores déficits corresponden a Italia (7,4%), Hungría (6,7%) y Rumanía (6,6%).

Eurostat sitúa además a España como el cuarto país de la UE con una tasa de deuda pública más elevada (107,7%), sólo superado por Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). Todos estos países están muy cerca de duplicar -o duplican- el umbral del 60% que marca el Pacto de Estabilidad. 

Bruselas ha clasificado a España entre los países de "alto riesgo" a medio plazo en materia de sostenibilidad presupuestaria precisamente por su alto nivel de deuda pública, que es una de las principales vulnerabilidades de nuestra economía, agravada por la reforma de las pensiones de Sánchez. La reforma de las reglas fiscales exige ajustes más duros a los países más endeudados.

A finales de 2023, los ratios más bajos de deuda en relación con el PIB se registraban en Estonia (19,6%), Bulgaria (23,1%), Luxemburgo (25,7%), Dinamarca (29,3%), Suecia (31,2%) y Lituania (38,3%).