Los ministros de Economía de la eurozona empiezan a prepararse para la entrada en vigor de las nuevas reglas de disciplina fiscal, que estarán plenamente operativas en 2025. Tras el primer debate celebrado este lunes, el Eurogrupo ha acordado para el año que viene una política presupuestaria "ligeramente contractiva" para el conjunto de la eurozona, con el fin de ayudar al proceso de desinflación y empezar a reconstruir colchones fiscales de cara a la próxima crisis.

No obstante, el esfuerzo de consolidación fiscal no será igual para todos los Estados miembros, ya que las nuevas reglas se basan precisamente en sendas presupuestarias diferenciadas. Los países con una deuda más alta (como España, Italia o Francia) tendrán que hacer ajustes más duros el año que viene.

"Esta posición ligeramente contractiva (para el conjunto de la eurozona) exigirá a muchos Estados miembros que tienen elevados niveles de deuda hacer esfuerzos extra para construir colchones con el fin de poder resistir frente a shocks inesperados. El foco debería ponerse en recortar el gasto menos productivo, en particular las ayudas energéticas, sin reducir la inversión", ha dicho el director del fondo de rescate (MEDE), Pierre Gramegna, al término de la reunión.

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"El Eurogrupo ha acordado una política fiscal ligeramente contractiva en el conjunto de la eurozona para 2025. Consideramos que es la posición adecuada en el actual contexto, teniendo en cuenta las perspectivas económicas y la necesidad de mantener la sostenibilidad presupuestaria y contribuir al actual proceso de desinflación", argumenta el presidente del Eurogrupo, el irlandés Paschal Donohoe.

Aunque la eurozona ha entrado en 2024 en una situación de máxima debilidad económica, el Eurogrupo considera que se dan las condiciones para una aceleración del crecimiento durante la segunda mitad del año y en 2025. El mercado laboral mantiene su fortaleza y la inflación está en trayectoria descendente y se espera que se acerque al objetivo del 25 del Banco Central Europeo (BCE) en 2025.

Al mismo tiempo, los efectos de la fuerte subida de tipos ejecutada por el BCE en el último año comienzan a sentirse en el conjunto de la economía. Además, los riesgos para las perspectivas de crecimiento se inclinan a la baja debido a la incertidumbre geopolítica mundial.

Por todo ello, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha reclamado "agilidad" para reaccionar a cualquier empeoramiento del escenario económico. "Igualmente importante es que el muy necesario ajuste fiscal no debe conducir a recortes de la inversión. No debemos repetir los errores de hace una década", alega Gentiloni.

En este sentido, el comisario de Asuntos Económicos ha subrayado que la financiación de los fondos Next Generation seguirá apuntalando la inversión y otros gastos que mejoren el crecimiento. En concreto, el gasto financiado con ayudas europeas proporcionará un estímulo fiscal de alrededor del 0,5% del PIB de la eurozona en 2024 y 2025, según los cálculos de Bruselas.

"Pero esto debe complementar y no sustituir a la inversión financiada con los presupuestos nacionales", ha clamado Gentiloni.

En contraste con el parón en el conjunto de la eurozona, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presumido de que España es ahora mismo "el principal motor" de crecimiento entre las grandes economías comunitarias, gracias al "buen inicio" de 2024.

La economía española "está manteniendo el pulso" tal y como muestran muchos indicadores como la producción manufacturera, el sentimiento económico, las ventas minoristas o los datos de empleo y afiliación.

Por todo ello, el ministro de Economía ha anunciado que mantiene su previsión de un crecimiento del 2% para este año y ha celebrado que las instituciones internacionales ya están revisando al alza sus cifras para España y acercándose a los cálculos del Gobierno.

Los ministros de Economía de la eurozona se han puesto de acuerdo también sobre el calendario de aplicación de las nuevas reglas de disciplina fiscal. La reforma del Pacto de Estabilidad será ratificada por la Eurocámara en abril y entrará en vigor en mayo. A partir de entonces, los Estados miembros tendrán que elaborar sus planes plurianuales de ajuste (de 4 o 7 años), cuya fecha límite de entrega a Bruselas es el 20 de septiembre.