El sector empresarial ha salido en masa a defender el papel del diálogo social en respuesta a unas medidas que consideran desde una "falta de respeto" hasta "una patada" a 45 años de trabajo entre patronales y sindicatos que han permitido a España registrar un nivel de progreso sin precedentes.

La defensa del diálogo social ha sido uno de los grandes temas que han copado las conversaciones mantenidas en el XXII Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), tanto en el escenario de un evento que ha reunido a más de 2.000 directivos en Granada como en los grupos que se formaron en la pausa del café o en el cóctel final.

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Pese a no estar en el programa, el tema ha sido abordado en la primera mesa de la jornada, que estaba dedicada a la incidencia en la economía española del nuevo escenario geopolítico. Sin embargo, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; ha utilizado su primera intervención para pedir a los políticos que se dejen de "populismos" y no pongan "trabas" a las empresas. 

"A veces en la vida también hay que decir ya vale. Y en este caso creo que yo tengo que decir ya vale". Así de contundente se ha mostrado el líder de los empresarios, quien posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, ha calificado estas propuestas de un "ataque real" al diálogo social. 

Diálogo social

En este sentido, ha recordado que las negociaciones entre empresas y sindicatos han funcionado "muy bien" durante los 45 años de democracia en España y ahora se quieren cargar de "un plumazo" algo que es "la mejor infraestructura que tiene un país" y en los que España es un "ejemplo en Europa".

Así, ha citado los 16 acuerdos "muy complicados" firmados entre patronal y sindicatos en los últimos años, el alcanzado hace sólo tres meses para los próximos tres años en el que se ha hablado "absolutamente de todo" o las 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva por sectores, territorios, etc.

Gerardo Cuerva (Cepyme), Javier González de Lara (Confederación de Empresarios de Andalucía), Josep Sánchez Llibre (Fomento de Trabajo Nacional) y Antonio Castro (TRADE) CEDE

En otra de las mesas del Congreso de CEDE, titulada 'El empresario, motor de la economía', también se han saltado el plan inicial para suscribir las palabras de Garamendi y realizar una defensa a ultranza del diálogo social. "Me da mucha pena que se instrumentalice el diálogo social. No vale creer en él en un momento y al siguiente no", ha señalado Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

En este sentido, ha recordado que patronal y sindicatos han negociado durante los últimos 45 años en busca de los "mejores acuerdos" que han permitido el progreso de España y ha afirmado que estas propuestas son "una patada" al trabajo de esos 45 años y del que el país se tiene que sentir orgulloso.

El presidente de Cepyme también ha calificado todas las iniciativas planteadas por PSOE y Sumar como "un desprecio" a esa infraestructura de la paz social y ha advertido de que este "no es el camino que necesita España ni, por supuesto, el sistema económico". 

Por su parte, Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento de Trabajo Nacional, ha agregado que es "una falta de respeto institucional" a lo que representa el diálogo social. Una opinión que ha compartido Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, quien ha recordado que la paz social "no se construyen de la nada" y que las medidas planteadas suponen "un atentado al principio de autonomía negociadora". 

Energéticas

Pero las criticas a las medidas programáticas de PSOE y Sumar no han venido sólo de parte de las patronales, sino que empresas concretas han mostrado su descontento con ellos. En especial algunas compañías energéticas y bancarias después de que los partidos planteen en su acuerdo mantener los impuestos especiales a ambos sectores.

Tras presentar los resultados de los nueve primeros meses de 2023, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha asegurado que en la compañía irá "hasta el final" en la batalla contra el impuesto del Gobierno, tanto en la justicia española como en la europea", y ha lanzado una advertencia: "Manejamos alternativas a España si no hay estabilidad política".

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en la tercera edición del foro 'Wake Up, Spain!', en Casa de América, a 27 de marzo de 2023, en Madrid. Laura Mateo

"Es cristalino que, si se prevé mantener un impuesto especial para las energéticas y la banca más allá de 2023, tomaremos las medidas oportunas. Repsol es la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año", ha remarcado Imaz, quien ha apuntado a Portugal como país destino de sus inversiones internacionales.

Preguntado por este anuncio, Garamendi ha remarcado las empresas españolas que se sienten europeas "pueden hacer lo que consideren" en una economía internacionalizada. "Son unas empresas españolas punteras y tenemos que estar muy orgullosos de ellas. Pero si se realizan anuncios que lo que hacen es retraer la inversión, generar desconfianza, no generar tranquilidad... pues las cosas son como son", ha agregado.

Banca

En cuanto a la banca, los primeros espadas siempre se han opuesto a la creación de este impuesto, que consideran discriminatorio al ir dirigido al sector, a la par que injusto, dado que, en su opinión, ya soportan una presión fiscal elevada. Los banqueros no sólo lamentan tener que afrontar un gravamen más, sino que ven incoherente que se imponga para frenar sus beneficios y, sin embargo, el tributo grave sus ingresos y no sus ganancias.

Algo que, según los gestores de Santander, podría afectar al crédito, especialmente en un ciclo de bajadas de los tipos de interés. "Hay ciclos y estamos en un ciclo arriba y el impuesto puede afectar o no. En un ciclo bajo [con bajadas de los tipos de interés], creo que podría afectar de manera importante", apuntó Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, durante la presentación de los resultados del banco el pasado miércoles.

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Una visión matizada sobre lo que pronosticaba la propia entidad cuando se creó el gravamen. José Antonio Álvarez, otrora consejero delegado del grupo, llegó a afirmar entonces que añadir unos 3.000 millones de euros al pago de impuestos de la banca implicaría sacarlos del capital, con lo que podría restarse capacidad para prestar unos 50.000 millones de euros. 

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, afirmaba hace unos días, antes de que se sellara el pacto entre PSOE y Sumar, que quiere que el impuesto desaparezca "venga quien venga" y advirtió de que cambiar constantemente las reglas del juego de un sector genera "inseguridad jurídica". Su homólogo en Sabadell, César González-Bueno, por el contrario, no quiso hablar del impuesto en la presentación de resultados del jueves. "Está todo dicho", sentenció.

Lo cierto es que la banca se ha mostrado contraria a este gravamen desde el inicio y todo el sector -tanto en bloque a través de las patronales como a nivel individual- lo ha recurrido para intentar lograr su anulación. Algo para lo que, en cualquier caso, queda un camino largo. 

Sobre los resultados de las empresas, Garamendi ha incidido en que las compañías están "deseando que todo el mundo tenga un buen salario" para la retención del talento. Pero para ello, ha subrayado que "tienen que ganar dinero", algo que no podrán hacer si les suben los impuestos o les ponen trabas como el incremento de las cotizaciones.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en el XXII Congreso de CEDE CEDE

El presidente de la CEOE ha incidido que la reducción de la jornada laboral es una "subida encubierta" del coste por hora trabajada, que en el caso de la Seguridad Social puede suponer un crecimiento de hasta el 7%. Un impacto que, ha señalado, no ve el trabajador, ya que el dinero "se lo lleva directamente" el Estado.

En definitiva, ha criticado que tomar estas decisiones "sin criterio" puede causar muchos problemas a algunas empresas, especialmente pequeñas compañías o autónomos de sectores como la agricultura, la hostelería o el pequeño comercio. "Es una persecución en toda regla a la actividad privada" resumía Cuerva el impacto de las propuesta de PSOE y Sumar en un auditorio lleno de directivos.