Aunque no quiere hablar de la Ley de Amnistía que exige como contrapartida Carles Puigdemont, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, da por hecha la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tal es la seguridad de Montero que descarta una prórroga presupuestaria y asegura que las cuentas públicas para 2024 estarán aprobadas para el 1 de enero o durante los primeros días del año nuevo.

"Si se produce pronto la investidura del presidente Sánchez, llevaremos el proyecto de Presupuesto a las Cámaras. Los tiempos son muy ajustados, pero en cualquier caso tendremos Presupuesto para el año 2024", ha dicho la ministra de Hacienda en la sede de la Eurocámara en Bruselas, donde ha presentado las prioridades de la presidencia española de su departamento.

"Si podemos tenerlo aprobado para el 1 de enero, lo tendremos. Si tienen que ser unos días más tarde, pues serán unos días más tarde. Pero lo que sí puedo decir es que nuestra aspiración, por supuesto, es tener un presupuesto para el año 2024, que también es muy importante para seguir consolidando las políticas económicas que el Gobierno está desarrollando", insiste Montero.

[El impuesto a los 'ricos' de Sánchez fracasa: recauda sólo 623 millones, el 41% de lo previsto por Hacienda]

Pese a que el Ejecutivo está en funciones, el ministerio de Hacienda ha estado trabajando estos últimos meses "en los diferentes escenarios", con el fin de elaborar rápidamente el borrador de cuentas públicas para el año que viene tan pronto como se produzca la investidura.

La ministra ha dicho también en Bruselas que su objetivo es convertir en permanente "con una fórmula u otra" el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (también conocido como impuesto a los ricos), pese a que su recaudación se ha quedado muy lejos de los resultados esperados por el Gobierno. 

El Ministerio de Hacienda sólo ha ingresado por este tributo, que se pagó en el mes de julio, 623 millones de euros, el 41% de lo que inicialmente había previsto. Montero ha dicho que su estimación inicial (de entre 1.200 y 1.400 millones) correspondía a un escenario en el que todas las Comunidades Autonómicas hubieran suprimido el impuesto de patrimonio. 

"Como ha habido comunidades autónomas que afortunadamente han mantenido sus figuras fiscales, la recaudación no llega a ese potencial máximo que tendría si se hubiera producido vaciamiento generalizado del impuesto de patrimonio", se justifica la ministra de Hacienda. A su juicio, el impuesto a los ricos ha sido en todo caso un éxito porque ha obligado a pagar a las grandes rentas ubicadas en la Comunidad de Madrid, donde sí se había suprimido el patrimonio.

En cuanto al futuro de este tributo (que en principio se ha aprobado para los años 2023 y 2024), Montero asegura que la intención del Gobierno es negociarlo con las comunidades autónomas en el marco de la reforma de la financiación autonómica.

"Los gravámenes sobre las riqueza y sobre el patrimonio están expresados en diferentes figuras y tenemos que tener la capacidad entre todos de dialogar cuál es la manera más eficaz de poder hacer que esa fortuna pague", argumenta la ministra de Hacienda.

"Hasta que se produzca este debate, se mantendrá este impuesto (...) Con una u otra fórmula tendremos que ser capaces de mantener esa recaudación, más allá de que elijamos una fórmula como la que tenemos o también demos participación a las comunidades autónomas sin que se pueda producir vaciamiento normativo", ha dicho Montero.