La recaudación por el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (también conocido como impuesto a los ricos) se ha quedado muy lejos de los resultados esperados por el Gobierno. El Ministerio de Hacienda sólo ha ingresado por este tributo, que se pagó en el mes de julio, 623 millones de euros, el 41% de lo que inicialmente había previsto.
Así lo indican los datos comunicados por el departamento, que confirman que el equipo de María Jesús Montero sobreestimó la capacidad recaudatoria de esta nueva figura fiscal, que se esperaba que consiguiera 1.500 millones de euros anuales mientras estuviera en vigor. Pero, en su primer año, no ha llegado ni tan siquiera a la mitad de esa cifra.
Este impuesto se había diseñado con el fin de gravar a las grandes fortunas en las regiones en las que el Impuesto de Patrimonio se había bonificado. Concretamente, el foco se puso en regiones como Madrid y Andalucía, donde este tributo está prácticamente anulado.
Contribuyentes
Pese al fracaso recaudatorio, parte de este objetivo se habría logrado, según Hacienda. Más de 12.000 contribuyentes con patrimonios superiores a los tres millones de euros han pagado la tasa, con una cuota media de 52.000 euros. Y "la práctica totalidad" de los pagadores son "residente en comunidades que han renunciado a recaudar el impuesto sobre el Patrimonio".
Madrid es la región que aporta una mayoría absoluta de declarantes: 10.302, con 555 millones de euros abonados. Es decir, nueve de cada diez. Le siguen Andalucía (865 declarantes), con 29,7 millones, y Galicia, con una cuota a pagar de 9,8 millones de euros.
A continuación se sitúan Ceuta, Melilla y los no residentes (con 342 declarantes en total) y 26,2 millones y Cataluña (322 declarantes) y 2 millones.
El despliegue de la tasa ha estado rodeado de polémica. En junio se conoció un error en su redactado (que Hacienda trató de corregir pero el Consejo de Estado lo impidió) que permitía a las grandes fortunas deducirse hasta un 80% del impuesto gracias a cómo se computaba el llamado escudo fiscal.
Por otro lado, todavía queda batalla judicial por delante. Madrid, Andalucía y Galicia han recurrido esta figura tributaria en el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite la reclamación.
Aunque el impuesto es temporal y está previsto que sólo se vuelva a aplicar en 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez (que todavía queda saber si se mantendrá en la Moncloa) no descarta extenderlo. En cambio, su rival en la investidura, el popular Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a suprimirlo.