La Comisión de Ursula von der Leyen corrige a Pedro Sánchez y confirma que la introducción de peajes es una de las condiciones asumidas por el Gobierno español a cambio de recibir los fondos europeos Next Generation. En concreto, de la puesta en práctica de este mecanismo depende el pago del sexto tramo de 8.000 millones de euros de ayudas comunitarias.
El Ejecutivo comunitario también ha ratificado que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a aprobar este polémico sistema de pago por uso de las carreteras antes de fin de año, con el fin de que entre en vigor a partir de 2024.
"El plan de recuperación español, tal y como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión y después por el Consejo, incluye el compromiso de adoptar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte para diciembre de 2023", ha explicado este jueves en rueda de prensa la portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Veerle Nuyts.
"El plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de carreteras, que empezará en 2024, en línea con el principio de que quien contamina, paga", ha subrayado la portavoz cuando se le ha preguntado por los compromisos asumidos por Sánchez con la UE.
"Examinaremos esta medida cuando recibamos la quinta solicitud de pago (en realidad es la sexta) de España, así que no es una discusión para hoy", ha concluido Nuyts.
"Desmentimos categóricamente que se vaya a pagar", dijo este mismo lunes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en un acto en Zamora. Sánchez alegó que el Gobierno había eliminado este requisito del plan de recuperación y subrayó que "una medida de ese tipo tiene que reunir el consenso de todo el mundo". También el presidente del Gobierno negó que fueran a introducirse peajes en el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho este martes que se está trabajando con el Ejecutivo comunitario para ver de qué manera se lleva a cabo el mantenimiento de la red de carreteras sin tener que recurrir a los peajes.
El plan de recuperación de España (pactado entre la Comisión y el Gobierno de España y aprobado por el Ecofin en julio de 2021) tiene 315 páginas que recogen detalladamente los hitos y los objetivos que debe cumplir nuestro país para recibir los diferentes tramos de ayudas. El sistema de peajes aparece ya en la página 2 del plan, ya que forma parte del componente 1: movilidad sostenible.
Allí se detalla que la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte debe incluir "la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de 'quien contamina paga'".
"El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero", dice el plan de recuperación de España.
Según el calendario pactado con Bruselas que también figura con detalle en este documento, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte debe aprobarse en el tercer trimestre de 2023. El Ejecutivo comunitario la evaluará cuando reciba la petición de pago del sexto tramo de ayudas, que asciende a 8.000 millones de euros y que en principio está programado para junio de 2024.
Si España incumple este compromiso, la UE congelará este pago de manera total o parcial. Según el reglamento de los fondos, el Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo podría renegociar con Bruselas la introducción de peajes, pero si quiere librarse de esa exigencia deberá aportar argumentos y medidas alternativas.