En su reunión mensual que celebran este jueves en Bruselas, los ministros de Finanzas de la eurozona aprobarán una declaración conjunta en la que señalan que la política de estímulo fiscal generalizado ya no es apropiada en el contexto actual, según han informado fuentes diplomáticas. La inflación se mantiene en niveles persistentemente altos, faltan trabajadores para cubrir la oferta laboral y la economía operará cerca de su potencial el año que viene.

"Hay un amplio acuerdo entre las instituciones de la UE y los Estados miembros en que la política fiscal para el año que viene debe ser restrictiva, después de una política altamente expansiva durante los años de la pandemia y apenas una ligera contracción (en el gasto público) que se proyecta para este año", relata un alto funcionario del Eurogrupo. "Existe un consenso sólido en que debe haber un ajuste fiscal significativo el año que viene", añade.

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También la Comisión de Ursula von der Leyen reclama políticas presupuestarias prudentes para 2024, así como la retirada de todas las ayudas energéticas de aquí a final de año. En el caso de España, por su alto nivel de deuda, Bruselas ha pedido un esfuerzo fiscal de al menos el 0,7% del PIB (equivalente a 9.300 millones de euros).

"Las perspectivas de inflación exigen una fuerte coordinación y políticas presupuestarias prudentes con el fin de garantizar la coherencia entre la política fiscal y la monetaria y facilitar la tarea" del Banco Central Europeo (BCE), señala el Ejecutivo comunitario en el documento que servirá de base para los debates de los ministros.

"Un apoyo fiscal general prolongado a hogares y empresas refuerza las presiones inflacionistas. Esto aumenta la probabilidad de que los bancos centrales tengan que acelerar el endurecimiento de la política monetaria y pone presión sobre la estabilidad financiera", avisa la Comisión. "En conclusión, las políticas presupuestarias prudentes están justificadas porque contribuyen a domar la inflación", concluye el texto.

Sin embargo, no hay consenso entre los dirigentes de la UE sobre el grado de restricción presupuestaria necesaria para 2024. Mientras que el Ejecutivo comunitario ha proyectado un ajuste del 0,8% del PIB de media en la eurozona, la Autoridad Fiscal Europea (organismo equivalente en España a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF-) cree que el esfuerzo que exige Bruselas es insuficiente.

"Debido a las perspectivas macroeconómicas favorables, la Autoridad Fiscal Europea considera que un impulso fiscal restrictivo en la eurozona sería apropiado para 2024", señala el último informe de los expertos independientes. Este impulso fiscal restrictivo debe traducirse en un esfuerzo fiscal superior al 0,8% del PIB de media en la eurozona. 

"La consolidación fiscal sigue siendo particularmente importante para los países muy endeudados", que deberían realizar un ajuste superior al que han anunciado hasta ahora, insiste la Autoridad Fiscal Europea. Una política fiscal restrictiva "ayudaría al BCE en la consecución de su objetivo de inflación". Al contrario, una política demasiado expansiva "implicaría tipos de interés más altos con posibles efectos secundarios negativos sobre la producción y otras variables macroeconómicas".

En el Eurogrupo le restan importancia a estas diferencias. Si los Estados miembros cumplen la recomendación de retirar todas las ayudas energéticas, eso supondría ya un ajuste equivalente al 1,25% del PIB, superior al que reclama la Autoridad Fiscal Europea.

Las directrices del Eurogrupo constituyen una referencia para los Estados miembros a la hora de preparar sus presupuestos para el año que viene. En teoría, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en suspenso desde el estallido de la pandemia, volverá a aplicarse en 2024. Pero todavía no está claro en qué formato porque las negociaciones para relajar las reglas de disciplina fiscal están bloqueadas por el 'no' de Alemania.

En todo caso, en Bruselas admiten que la economía todavía no está "fuera de peligro" y por tanto "no puede dejarse en piloto automático". En caso de un nuevo empeoramiento, los Gobiernos deben poder adoptar nuevas medidas, pero nunca de carácter general sino ayudas selectivas para los más vulnerables.