Las cuentas se presentan este martes después de que PSOE y Unidas Podemos hayan alcanzado un acuerdo. De esta forma, Montero tendrá que aumentar las partidas destinadas a pagar las nóminas de funcionarios y trabajadores públicos.

En total, para el próximo año (y tras el acuerdo alcanzado de los funcionarios) serán necesarios 918 millones de euros más para pagar los sueldos de los empleados que dependen de la Administración General del Estado (AGE). 

Piden más 

Es decir, en 2023 habrá que destinar desde los PGE unos 27.164 millones de euros a abonar los salarios de los 513.721 efectivos que forman parte del Sector Público del Estado y que van a cuenta de las cifras que está elaborando el Ministerio de Hacienda y Función Pública en este momento. 

La revalorización del sueldo de los empleados públicos llega después de que el Ejecutivo haya alcanzado un acuerdo con UGT y CCOO en torno a esta subida salarial, que, sin embargo, ha sido rechazada por CSIF. Desde este sindicato exigen que haya más medidas que sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años. 

A los 918 millones de euros que hay que sumar en sueldos, el Gobierno tendrá que incorporar otros cerca de 15.300 millones en la revalorización de las pensiones del próximo ejercicio. Todo dependerá de dónde se sitúe el IPC medio interanual en noviembre. 

El consenso de mercado habla de una cifra que puede estar entre el 8% y el 9%, por lo que habrá que esperar a entonces para tener la cifra exacta. Sin embargo, en las cuentas de Montero ya se habrá recogido la cifra estimada para conseguir cubrir el alza que fija la ley para los casi diez millones de pensionistas que hay en nuestro país.

Reforma tributaria 

Se trata de unas cuentas que tendrán que recoger las distintas medidas tributarias anunciadas ya por la ministra Montero la pasada semana pasada. Con ellas, especialmente con el 'impuesto a los ricos' y con los cambios en el IRPF para rentas de capital y en el impuesto de sociedades, estima obtener una recaudación adicional cercana a los 6.100 millones de euros. 

Todo ello con un cuadro macroeconómico que se revisará a la baja. Lo anunciaba este lunes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien prevé un crecimiento para el próximo ejercicio del 2,1%. Esto supone una caída de seis décimas respecto a la previsión elaborada el pasado mes de junio. 

Es el segundo gran recorte que hace el Gobierno a sus previsiones de crecimiento este año: el programa de estabilidad enviado a Bruselas en abril todavía calculaba una expansión del 3,5%. La rebaja total desde entonces es de 1,4 puntos porcentuales.