La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno está negociando de manera interna cómo poner en marcha un impuesto a las empresas eléctricas. El formato en el que se aplicará concentra el diálogo. 

Así lo ha indicado este miércoles la ministra, antes de participar en un evento en Sevilla. De hecho, ha negado que existan discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, en lo relativo a aumentar la fiscalidad de estas compañías. Pero sí ha indicado que "hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha".

"Es voluntad del Gobierno de España en su conjunto que aquellos que están obteniendo beneficios del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas". De manera que "contribuyan a financiar el sostenimiento del tejido productivo, así como el apoyo al colectivo más vulnerable y la clase media", ha afirmado la responsable de Hacienda, según recoge Europa Press. 

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En esta línea, "hay que buscar el vehículo adecuado para su puesta en marcha", recordando que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales". 

Montero contesta así a las reclamaciones de Unidas Podemos de tramitar dicho impuesto de manera inmediata, algo muy difícil por los tiempos de aprobación de nuevas figuras tributarias (o incluso su aumento), que deben formularse mediante proyectos de ley. 

Por ello, este martes, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, estaba en la tesitura de que una posible tributación adicional se ejecute a través de los Presupuestos Generales del Estado. 

Cabe recordar que el Gobierno dio pistoletazo de salida al nuevo proyecto de Cuentas, un lienzo en blanco en el que tendría cabida este impuesto a las eléctricas, así como medidas adicionales para cubrir a la población contra la inflación. 

Combustibles

Precisamente, una de las medidas puestas en marcha es la bonificación al combustible, que se va a mantener los próximos tres meses. Y parece que no se acotará por rentas, como ha pedido Unidas Podemos.

"La bonificación de carburantes generalizada está protegiendo fundamentalmente a la clase media, pero eso no quita que haya que adoptar medidas complementarias que permitan que aquellos que gozan de un mayor privilegio de renta contribuyan en mayor medida", ha apuntado