Lo más difícil para el Gobierno de Pedro Sánchez empieza hoy: ejecutar a tiempo todas las reformas e inversiones prometidas a la UE, evitando casos de fraude y corrupción. Los ministros de Finanzas de los 27 han aprobado este martes de forma definitiva el plan de recuperación presentado por España a cambio de los 70.000 millones de subvenciones europeas de Next Generation, un rescate que debe destinarse a reflotar la economía tras la crisis de la Covid-19 y acelerar la transición digital y verde. 

La luz verde del Ecofin desbloquea el primer tramo de ayudas por valor de 9.000 millones de euros (un anticipo del 13%), cuyo desembolso se espera para finales de julio. Es el único pago que llegará de forma incondicional. Los siguientes tramos de fondos están supeditados al cumplimiento en plazo de los 416 hitos y objetivos medibles recogidos en el plan español, que se han convertido en jurídicamente vinculantes para Sánchez. Una carrera contrarreloj en la que cualquier desvío o retraso se traducirá en una congelación de los desembolsos. 

A la decisiva reunión presencial del Ecofin en Bruselas no ha asistido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que participaba en Madrid en el primer Consejo de Ministros tras la remodelación ministerial realizada por Sánchez durante el fin de semana. En representación de España estaba el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio.

El plan de recuperación de España ha gozado de una buena recepción en el Ecofin tras la evaluación positiva realizada por la Comisión de Ursula von der Leyen. El Ejecutivo comunitario le ha puesto de nota 10 sobresalientes y un aprobado (en la asignatura de estimación de costes). "Hemos respaldado este plan porque es ambicioso, tiene visión de futuro y contribuirá a un futuro mejor para el pueblo español", dijo Von der Leyen durante su visita a Madrid el pasado 16 de junio, en la que entregó en mano su evaluación al presidente del Gobierno.

Incluso los países 'frugales' nórdicos (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca), que se opusieron hasta el final a salir al rescate de España e Italia, han valorado positivamente el plan de recuperación español. "El plan muestra ambición y aborda vulnerabilidades arraigadas, como la sostenibilidad del sistema de pensiones, la dicotomía en el mercado laboral y los niveles educativos. Hasta qué punto España tenga éxito en ello dependerá del diseño concreto, que en áreas importantes está supeditado en parte a la discusión con los agentes sociales", señala el dictamen elaborado por el Gobierno holandés de Mark Rutte. 

De hecho, una de las preocupaciones expresadas por algunos países durante los debates previos al Ecofin ha sido precisamente esta falta de definición de algunas reformas importantes. El equipo de Von der Leyen resta importancia a esta falta de concreción e insiste en que las "líneas rojas" de estas reformas sí se han fijado de forma clara y serán vinculantes para España.

Freno de emergencia

Otro foco de inquietud es la decisión de Sánchez de concentrar la mayor parte de reformas e inversiones en los primeros años del plan, es decir, entre 2021 y 2023. Los 'frugales' desconfían de que España sea capaz de aprobar a tiempo reformas que llevan años bloqueadas y sobre las que no hay acuerdo ni entre los interlocutores sociales ni siquiera entre los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

"El Gobierno (holandés) está de acuerdo con los hitos y los objetivos marcados, pero tiene dudas sobre si es posible una ejecución tan rápida de las inversiones y reformas como se pretende. Si la ejecución se retrasa, esto tendrá un impacto en el ritmo al que la Comisión puede aprobar los pagos", avisa el dictamen del Gobierno de Rutte.

"En la fase de aplicación y de los pagos asociados, Países Bajos pedirá a la Comisión que juzgue las reformas en las áreas de fiscalidad, pensiones y mercado laboral según su contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad", anuncia el Gobierno holandés. Los 'frugales' examinarán "de forma meticulosa" el cumplimiento de todos los hitos y objetivos prometidos por Sánchez antes de autorizar cualquier pago y no dudarán en activar el "freno de emergencia", que les da poder de veto para paralizar las ayudas.

Tras el anticipo de 9.000 millones de euros, Sánchez espera recibir un segundo tramo de ayudas por valor de 10.000 millones a finales de año. Para ello, tendrá que cumplir un total de 50 hitos antes del fin de septiembre. El truco es que la mayoría de las reformas exigidas en esta entrega ya se han llevado a cabo. El reglamento de Next Generation permite incluir todas las medidas adoptadas desde febrero de 2020, como el impuesto sobre los servicios digitales, la tasa a las transacciones financieras o el ingreso mínimo vital.

La primera gran prueba de fuego llegará a finales de año, plazo en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido con la UE a aprobar todos los componentes de la reforma laboral. Si fracasa en su empeño, España podría perder los 12.000 millones del tercer tramo, que en principio debe desembolsarse en primavera de 2022.

Junto con el plan de recuperación de España, el Ecofin ha aprobado este martes los de los otros 11 países que enviaron el suyo a Bruselas antes del 30 de abril, el plazo inicial previsto. Se trata de Italia, Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Dinamarca, Austria, Eslovaquia, Luxemburgo, Bélgica, Letonia e Italia. El Gobierno de Mario Draghi será el que reciba el mayor anticipo (24.900 millones de euros), porque a diferencia de Sánchez ha decidido pedir a la vez subvenciones y créditos blandos.

En total, los anticipos que corresponden a estos 12 países suman 50.000 millones de euros. En sus dos primeras emisiones de eurobonos Next Generation, la Comisión Europea ha conseguido captar hasta ahora 35.000 millones de euros. Con la tercera emisión, que ha tenido lugar este mismo martes, Bruselas ha logrado 10.000 millones adicionales con un bono a 20 años. En total, el Ejecutivo comunitario cuenta ya con 45.000 millones de euros para ir pagando los adelantos.