Tras un primer intento fallido a finales de mayo, la Unión Europea ha aprobado por fin la reforma para hacer la política agrícola común (PAC) más verde y más compatible con la lucha contra el cambio climático. El acuerdo ha sido sellado este viernes por la presidencia portuguesa, que negocia en nombre de los 27 Gobiernos, y por los representantes de la Eurocámara. La reforma comenzará a aplicarse a partir de 2023.

La PAC sigue siendo la política que acapara la mayor partida del presupuesto comunitario, alrededor del 30% del total. Durante el periodo 2021-2021, las ayudas agrícolas ascenderán a 378.000 millones de euros.

España es el segundo país beneficiario de estas subvenciones, sólo por detrás de Francia. En total, recibirá en los próximos siete años 45.200 millones: 37.400 millones en pagos directos a los agricultores y 7.800 millones en fondos para el desarrollo rural, según los datos de Bruselas. Estos importes ya se pactaron en la cumbre presupuestaria de julio de 2020. En nuestro país hay 630.000 perceptores de ayudas agrícolas. 

La principal novedad de esta reforma es la creación de un nuevo instrumento (los llamados regímenes ecológicos o ecoesquemas), cuyo objetivo es premiar a los agricultores que superen los objetivos básicos en materia de medioambiente y clima. Entre los ejemplos de ecoesquemas se hallan prácticas como la agricultura de precisión, la agrosilvicultura, la agricultura ecológica, las prácticas de barbecho o el pastoreo extensivo.

Los regímenes ecológicos se financiarán con parte del dinero destinado a los pagos directos. Eso significa que los agricultores con prácticas más verdes recibirán más subvenciones, pero los demás podrían acabar perdiendo ayudas. Es decir, los ingresos europeos de los agricultores podrían variar cada año.

Por eso, los Gobiernos de los 27 acordaron el pasado octubre limitar el presupuesto para los ecoesquemas al 20% del total de los pagos directos. Sin embargo, la Eurocámara consideraba que este porcentaje es insuficiente para cumplir los objetivos climáticos de la UE y reclama aumentarlo al 30%. Al final, se ha alcanzado una solución salomónica: los Estados miembros deberán consagrar al menos el 25% de los pagos directos a los regímenes ecológicos. Es decir, un total de 48.000 millones de todo el presupuesto europeo.

Además, al menos el 35% de los fondos para desarrollo rural deben destinarse también de forma obligatoria a prácticas que ayuden a conservar el medioambiente, luchar contra el cambio climático o mejorar el bienestar de los animales. Se crea una nueva reserva agrícola dotada con 450 millones al año para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis.

Por primera vez, la nueva PAC incluye una condicionalidad social. Es decir, los beneficiarios de las ayudas agrícolas tendrán que respetar una serie de normas laborales y sociales de la UE para poder recibir las subvenciones. Asimismo, los Estados miembros deberán redistribuir al menos el 10% de los pagos directos a las explotaciones más pequeñas, en detrimento de los grandes latifundios. También se fija un mínimo del 3% de los pagos directos que deben destinarse obligatoriamente a los jóvenes agricultores (menores de 40 años).

Finalmente, la reforma introduce una mayor flexibilidad: menos reglas comunes a nivel de la UE y más margen de maniobra para los Estados miembros para atender a sus especificidades. España y el resto de países deben elaborar un plan estratégico de la PAC para explicar cómo gastarán las subvenciones. El borrador debe enviarse a Bruselas antes del 31 de diciembre de este año.

El acuerdo no ha convencido sin embargo a las organizaciones ecologistas. "La prometida reforma verde de la política agrícola común no ha sido más que un blanqueo ecológico y constituye un desastre para el clima, la naturaleza y las pequeñas explotaciones", asegura Greenpeace en un comunicado.